L’1 de febrer va començar el termini de presentació de la declaració anual relativa a les operacions amb tercers (model 347) que s’haurà de presentar durant el mes de febrer amb data límit 01 de març de 2021.
Clicant AQUÍ poden accedir a treballar directament amb el programa model 347 de 2020 de l’Agència Tributària.
Un cop obtingut l’arxiu, ja sigui amb el programa de l’Agència Tributària o amb el propi programa de comptabilitat de la seva empresa poden procedir a presentar l’esmentat model. Si no disposen de certificat d’usuari, ens el poden fer arribar per corrreu electrònic a l’adreça mcarmen.caballero@pich.bnfix.com, abans del 20 de febrer, perquè el nostre despatx el pugui presentar per via telemàtica.
Mari Carmen Caballero
mcarmen.caballero@pich.bnfix.com · +34 93 301 20 22
El artículo 279 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de capital establece la obligatoriedad, para los administradores de las sociedades mercantiles, de depositar las cuentas anuales aprobadas de la compañía en el Registro Mercantil.
El artículo 282 del mismo texto regula el cierre registral para aquellas sociedades de capital que incumplan la obligación antes citada, con algunas excepciones.
El régimen sancionador estaba regulado en el artículo 283 del texto normativo que nos ocupa. Éste establecía una sanción de entre 1.200 y 60.000 euros, por parte del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, en caso de incumplir la obligación de depositar, dentro del plazo establecido, las cuentas anuales. No obstante, cuando la sociedad o, en su caso, el grupo de sociedades tenga/n un volumen de facturación anual superior a 6.000.000 euros el límite de la multa para cada año de retraso se incrementaba a 300.000 euros.
Hasta ahora se aplicaba el cierre registral para estas compañías, pero no la imposición de la multa económica.
Por eso queremos destacar una novedad del Real Decreto 2/2021, de 12 de enero, que aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de cuentas, de reciente entrada en vigor y cuyo contenido es:
La Disposición adicional undécima. Régimen sancionador del incumplimiento de la obligación de depósito de cuentas.
- El plazo total para resolver y notificar la resolución en el procedimiento sancionador regulado en el artículo 283 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, será de seis meses a contar desde la adopción por el Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas del acuerdo de incoación, sin perjuicio de la suspensión del procedimiento y de la posible ampliación de dicho plazo total y de los parciales previstos para los distintos trámites del procedimiento, según lo establecido en los artículos 22, 23y 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
- Los criterios para determinar el importe de la sanción, de conformidad con los límites establecidos en el artículo 283 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, serán los siguientes:
a) La sanción será del 0,5 por mil del importe total de las partidas de activo, más el 0,5 por mil de la cifra de ventas de la entidad incluida en la última declaración presentada ante la Administración Tributaria, cuyo original deberá aportarse en la tramitación del procedimiento.
b) En caso de no aportar la declaración tributaria citada en la letra anterior, la sanción se establecerá en el 2 por ciento del capital social según los datos obrantes en el Registro Mercantil.
c) En caso de que se aporte la declaración tributaria, y el resultado de aplicar los mencionados porcentajes a la suma de las partidas del activo y ventas fuera mayor que el 2 por ciento del capital social, se cuantificará la sanción en este último reducido en un 10 por ciento.
Así pues, como dice nuestro refranero que alguien “no da puntada sin hilo”, esta puntualización nos lleva a pensar que el Gobierno debe de tener alguna intención relacionada con las sociedades (inactivas o activas) cuyos administradores no cumplen con la obligación de depósito de cuentas.
Recomendaciones:
1.- Comprobar que nuestra sociedad está al corriente en la obligación de depósito de cuentas
2.- Comprobar que hemos cumplido la obligación de depósito de libros oficiales: contabilidad, actas y socios
3.- Ante nuestro incumplimiento:
a) Sociedades inactivas. Valoremos liquidarlas ante notario e inscribir la liquidación en el Registro Mercantil
b) Sociedades activas: procedamos a subsanar el incumplimiento y pongámonos al día de obligaciones legales.
Recordemos que la obligación es del administrador de la compañía. Pensemos que si la sociedad sufre algún perjuicio por incumplimiento del administrador, ésta – y sus socios/accionistas- podría repercutir los daños y perjuicios contra el administrador.
Estamos a su disposición para ayudarles en esta labor y, si lo desean, llevar a cabo un proceso de revisión de cumplimiento legal, tanto de estos aspectos a los que nos hemos referido, como de cualquier otro que pueda ser de su interés.
María José Moragas
Socia responsable del Área Legal
mj.moragas@pich.bnfix.com
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Tax · Legal · Audit
La economía digital es, sin duda, una actividad en la que resulta complicado establecer la ubicación física de realización del hecho imponible, cuestión esta que, en última instancia determina el territorio donde se debe hacer frente al pago de los impuestos.
Las nuevas profesiones relacionadas con la economía digital como los youtubers o influencers tienen una gran capacidad de generar ingresos, similar a la que tienen artistas o deportistas. Por tanto, que un conocido youtuber decida cambiar su residencia fiscal a Andorra recupera el viejo debate tiene que ver, precisamente, con determinar el lugar de residencia fiscal del profesional en cuestión, para que el estado “afortunado” pueda recaudar sus impuestos.
Es evidente que el trato fiscal que se dispensa a las rentas más altas es manifiestamente opuesto en los dos territorios: mientras en Andorra tributan a un ventajoso 10% (con exención sobre los primeros 24.000 euros), en España a este tipo de rentas se les aplica un tipo marginal del 47%; Por eso, es de vital importancia conocer los requisitos legales para la correcta determinación de la residencia fiscal y, por tanto, del lugar donde se va a hacer frente a los impuestos que correspondan, para evitar conflictos con las autoridades tributarias de cada país.
Condiciones
En la normativa española, la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) establece la condición que en primera instancia se debe dar para determinar la residencia habitual (y por ende la fiscal) de las personas físicas, que será la permanencia durante más de 183 días en España. Por tanto, para ser considerado residente fiscal en Andorra, el requisito principal será igualmente la permanencia por más de 183 días en territorio andorrano. Andorra, además, exige varios requisitos a sus nuevos vecinos para adquirir tal condición, como poseer una empresa de nacionalidad andorrana a través de la que se vehiculen los ingresos, realizar un depósito mínimo de 15.000 euros en una entidad bancaria del país por si se marchan dejando deudas pendientes o que tengan un lugar de residencia fijo, en propiedad o alquiler.
Que esos 183 días de rigor se cumplan religiosamente en Andorra va a ser una condición que la Agencia Tributaria Española mirará con lupa desde el principio, puesto que la comunicación del cambio de domicilio fiscal se debe realizar antes de que éste se produzca, a través del modelo 030.
Los condicionantes secundarios para determinar la residencia fiscal están en el Convenio de Doble Imposición firmado entre España y Andorra. En su artículo 4 establece, más allá del requisito material de permanencia durante más de 183 días y que se concretan en la habitualidad en la residencia, la ubicación del centro de intereses vitales y la nacionalidad; Estos serán, pues, los condicionantes secundarios a la hora de determinar la residencia fiscal en un estado u otro.
Con estos antecedentes, si El Rubius, o cualquier otra persona, decide trasladar su residencia fiscal y pasa más de 183 días del año natural en el país andorrano y, además, deja de tener sus principales intereses vitales, económicos y patrimoniales en España, pasará a ser residente fiscal en Andorra con todas las de la ley, según la propia normativa tributaria española y sin necesidad de aplicar el citado convenio para evitar la doble imposición.
Sin embargo, mucha gente pretende dejar de ser residente fiscal en España, lo cual es perfectamente lícito, aunque continúe ganándose la vida en España. El problema, en ese caso, es que, a pesar de acreditar que han estado más de 183 días en Andorra, continúan cumpliendo un requisito de la ley española que les hace atraer la residencia fiscal a España: la regla de los principales intereses económicos o patrimoniales. En esos casos, esas personas tienen lo que llamamos una situación de doble residencia fiscal. Son residentes fiscales en España por sus intereses económicos o patrimoniales y, también lo son en Andorra -o donde sea-, por su residencia física o fáctica.
Es posible que un youtuber o un influencer tengan tan poco arraigo en España que puedan cumplir estas reglas. El hecho de que las personas que le siguen o las empresas que le patrocinan o las descargas de sus vídeos, sean españolas, no tiene ninguna implicación fiscal relevante para el sujeto que decide cambiar su residencia.
Reacción de la Agencia Tributaria
La reacción de la Agencia Tributaria ante estos anuncios de cambio de residencia no se ha hecho esperar y en 2021 impulsará, entre otras medidas de lucha contra el fraude fiscal, una línea específica para el refuerzo del control de personas físicas que aparentan ser no residentes en España, para evitar el fraude y la evasión fiscal.
Para ello, la Agencia Tributaria podrá practicar un control reforzado mediante herramientas de análisis masivos de datos (los denominados “big data”), cuestión que supone una novedad en el ámbito del seguimiento de los patrimonios relevantes ‘deslocalizados’ y marca un nuevo impulso para la comprobación tributaria de este perfil de contribuyente.
Dentro del ámbito del análisis patrimonial, continuarán las labores de control sobre grandes fortunas impulsado por la Unidad Central de Coordinación del Control de Patrimonios Relevantes de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude. Este año, además, se añade una línea específica de control a partir de herramientas de ‘big data’ sobre contribuyentes con patrimonios relevantes que ‘deslocalizan’ su residencia, fingiendo que se hallan en el extranjero cuando la Agencia Tributaria entiende que realmente residen en España.
Más control
A lo largo del pasado año se estableció de manera sistemática el análisis de residencia sobre un amplio colectivo de contribuyentes que figuran como no residentes en las bases de datos tributarias. Este análisis ha permitido obtener los indicios necesarios para determinar la residencia en nuestro país de algunos de estos patrimonios relevantes, lo que permitirá, a partir de este 2021, intensificar las actuaciones de control de ciudadanos deslocalizados.
A modo de conclusión podemos decir que tomar la decisión de cambiar la residencia fiscal no es una cuestión baladí, pues además de valorar el ahorro fiscal que se podría obtener con el traslado, se debe también tener en cuenta que el cambio de residencia no puede ser una mera simulación. En ese caso la Agencia Tributaria cuenta con herramientas cada vez mejores para hacer el seguimiento de quien realmente ha trasladado su residencia de facto y quien está simulando este cambio para, simplemente, beneficiarse de un régimen fiscal más ventajoso. En tal caso, no aceptará el traslado y seguirá considerando que la residencia fiscal no se ha alterado.
Carolina Mateo
Responsable de Fiscalidad Internacional
carolina.mateo@pich.bnfix.com
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Desde marzo de 2019, y con un período transitorio que se prolongará hasta el 2022, las empresas de más de 50 trabajadores están obligadas a disponer de un Plan de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en sus organizaciones. Una nueva normativa que hay que afrontar como una nueva oportunidad.
Desde el pasado 7 de marzo de 2020, ya deben tener aprobados los planes de igualdad las empresas de entre 151 y 250 trabajadores.
A partir del 7 de marzo de 2021, deberán tener aprobado los planes de igualdad las empresas de entre 101 y 150.
A partir del 7 de marzo de 2022, deberán tener aprobado los planes de igualdad, las empresas de entre 50 y 100.
Las últimas reformas legislativas (Real Decreto 901/2020 y Real Decreto 902/2020) obligan también a las empresas a registrar sus planes de Igualdad, así como a disponer de una auditoría retributiva. Este nuevo marco normativo, si bien consagra el derecho a la negociación colectiva en materia de igualdad, determina que, en última instancia, la obligación de contar con un plan de igualdad corresponde a la empresa.
En este sentido, la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (RDL 5/2000) establece sanciones que van desde los 6.251 euros a los 187.515 euros por el incumplimiento de estas obligaciones.
Asimismo, integrar el Plan de igualdad como garantía de calidad y de excelencia empresarial facilitará el reporte de memorias de sostenibilidad y estados de Información no Financiera, así como el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 5 y la Agenda 2030.
Sara Bueno Torres
Área laboral
sara.bueno@pich.bnfix.com
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Tax · Legal · Audit
La Unión Europea ha adoptado, en los últimos años, nuevos criterios contables en materia de instrumentos financieros y en relación con los ingresos ordinarios procedentes de contratos con clientes. Son las NIIF-UE 9 y NIIFUE 15, que han sido objeto de transposición a la normativa española, a través del RDL 1/2021, de 12 de enero, por el que se modifican el Plan General de Contabilidad (PGC) y otras normas.
Una de las modificaciones más destacadas es la de la norma de registro y valoración 9ª. “Instrumentos financieros”, por la que se reducen las categorías de clasificación de los activos y pasivos financieros:
Los Activos financieros pasan a clasificarse en cuatro categorías:
- Activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias.
- Activos financieros a coste amortizado.
- Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto.
- Activos financieros a coste.
Y los Pasivos financieros en dos:
- Pasivos financieros a coste amortizado
- Pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Por otro lado, se ha modificado la norma de registro y valoración 14ª “Ingresos por ventas y prestación de servicios”. Su objetivo es incorporar el principio básico de reconocer los ingresos cuando se produzca la transferencia del control de los bienes o servicios comprometidos con el cliente y por el importe que se espera recibir de este, a partir de un proceso que consta de las siguientes etapas sucesivas:
1ª Identificar el contrato con el cliente.
2ª Identificar las obligaciones del contrato, representativas de los compromisos de transferir bienes o prestar servicios a un cliente.
3ª Determinar el precio de la transacción o contraprestación.
4ª Asignar el precio de la transacción a las obligaciones a cumplir en el contrato.
5ª Reconocer el ingreso por actividades ordinarias cuando (a medida que) la empresa cumple las obligaciones comprometidas.
Por otro lado, el RD modifica la definición del Valor Razonable incluida en el Marco Conceptual, tanto del PGC Normal como del PGC PYMES.
Estas modificaciones son de aplicación para los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2021.
Natalia Pérez
Área de Auditoría
natalia.perez@pich.bnfix.com
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La celebració d’eleccions al Parlament de Catalunya, diumenge 14 de febrer, por afectar l’activitat laboral d’algunes empreses. Per això, el més habitual és buscar un compromís, o un equilibri, entre facilitar la participació dels treballadors a les votacions i el normal desenvolupament de l’activitat empresarial. En aquest sentit, si bé és un dret dels treballadors gaudir d’un permís retribuït per poder exercir el dret a vot, també és cert que la capacitat organitzativa de l’activitat empresarial correspon a l’empresari.
Per facilitar aquesta aproximació de drets, el BOE del 29 de gener va publicar l’Ordre amb les instruccions necessàries perquè els treballadors puguin prendre part als comicis.
Així doncs, les empreses concediran un permís de com a màxim quatre hores als treballadors que tinguin la condició d’electors i que el 14 de febrer hagin de treballar, dins de la seva jornada laboral, perquè puguin exercir votar. Serà un permís no recuperable, i s’abonarà el salari que hagués correspost d’haver treballat normalment.
No s’ha de concedir el permís esmentat en el paràgraf anterior, però, als treballadors que realitzin una jornada que coincideixi parcialment amb l’horari dels col·legis electorals si la coincidència és com a màxim de dues hores. Si la coincidència és de més de dues hores i menys de quatre, el permís serà de dues hores, i si aquesta coincidència és de quatre o més hores, serà el permís general de quatre hores.
Si el dia de la votació els treballadors realitzen una jornada inferior a l’habitual, legal o convinguda, s’haurà de reduir proporcionalment la durada del permís.
La determinació del moment d’utilització de les hores concedides per a la votació, que ha de coincidir amb l’horari establert pel col·legi electoral, és potestat de l’empresa.
Atès que ens trobem davant d’un permís retribuït, a efectes de l’abonament del salari per part de les empreses, aquestes podran sol·licitar als treballadors que utilitzin el permís, l’exhibició del justificant acreditatiu d’haver votat, expedit per la mesa electoral corresponent.
De la mateixa manera, els treballadors que el 14 de febrer hagin de treballar, però acreditin la seva condició de membres de la mesa electoral o interventors, tindran un permís retribuït corresponent a la jornada completa del dia 14, i a un permís de les cinc primeres hores de la jornada laboral de l’endemà; aquest també retribuït i no recuperable, un cop justificada l’actuació com a membre de mesa o interventor.
El permís de cinc hores de la jornada laboral del dia 15 de febrer es fa extensiu a tots aquells treballadors que malgrat gaudir de descans setmanal el dia 14, acreditin la seva condició de membres de la mesa electoral o interventor, en les mateixes condicions que estableixi l’apartat anterior.
Igualment, les empreses concediran un permís retribuït i no recuperable, per tota la jornada del dia 14, als treballadors que acreditin la seva condició d’apoderats i no gaudeixin de descans en l’esmentada data.
Aquells treballadors que acreditin la seva condició de membres de mesa electoral, interventors o apoderats, i haguessin de treballar en el torn de nit en la data immediatament anterior a la jornada electoral, si així ho sol·liciten, l’empresa haurà de canviar-los el torn a fi que puguin descansar la nit anterior a les eleccions.
Si el salari a percebre pels treballadors pel permís retribuït i no recuperable està format en part per una prima o incentiu, l’esmentada part haurà de calcular-se d’acord amb la mesura percebuda per l’esmentat concepte, en els sis mesos treballats immediatament anteriors.
Aquells treballadors que realitzin funcions lluny del seu domicili habitual, o en altres condicions de les quals es derivin dificultats per exercir el dret a vot el dia 14, gaudiran igualment d’un permís retribuït i no recuperable de com a màxim quatre hores dins de la seva jornada laboral, perquè puguin fer personalment la sol·licitud de certificació necessària per poder emetre el vot per correu. L’esmentat permís podrà gaudir-se des de la data de convocatòria d’eleccions fins el proper 05 de febrer de 2021.
Per acabar, el personal que presta serveis a l’Administració de la Generalitat, a les administracions locals de Catalunya i als seus organismes autònoms, o en l’Administració General de l’Estat, en règim administratiu, estatutari o laboral, té dret als permisos retribuïts en circumstàncies idèntiques a les esmentades en els apartats anteriors.
Com sempre, restem a la seva disposició per tal d’atendre qualsevol dubte o aclariment que necessiti.
Sara Bueno Torres
Àrea laboral
sara.bueno@pich.bnfix.com
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Tax · Legal · Audit
El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) de 27 de gener ha publicat el Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, que permet celebrar, per via telemàtica, les reunions dels òrgans d’administració d’associacions , societats civils i mercantils, així com les sessions de consells rectors de cooperatives.
L’esmentat Reial decret llei, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l’ocupació, introdueix sobretot mesures de caràcter laboral. Ara bé, la disposició final setena, Modificació del Reial decret llei 34/2020, de 17 de novembre, de mesures urgents de suport a la solvència empresarial i a el sector energètic i en matèria tributària, afegeix un apartat a l’article 3 de Reial Decret -Llei 34/2020, en el qual regula amb caràcter excepcional durant tot l’exercici 2021, encara que els estatuts socials no ho contemplin, la possibilitat que les reunions dels òrgans d’administració d’associacions, societats civils i mercantils, així com les sessions de consells rectors de cooperatives, puguin celebrar-se per videoconferència o per conferència telefònica múltiple. Això sempre que tots els membres de l’òrgan disposin dels mitjans necessaris, el secretari de l’òrgan reconegui la seva identitat, i així ho expressi en l’acta. Aquesta es remetrà immediatament a les adreces de correu electrònic de cadascun dels concurrents. La mateixa regla és aplicable a les comissions delegades i a les altres comissions obligatòries o voluntàries que tingués constituïdes. La sessió s’entendrà celebrada al domicili de la persona jurídica.
Amb aquesta mesura, el govern ve a igualar el permís per aquesta via de les sessions dels òrgans d’administració que havia omès al permetre-les per les Juntes i Assemblees en el Reial decret llei 34/2020.
Al fil de tot l’anterior, recordem la rellevància de l’adequació a dret de les actes oficials de les societats, així com l’obligatorietat del seu dipòsit al Registre Mercantil o registre que correspongui, segons el tipus d’entitat de què es tracti.
Les actes de les societats o un altre tipus d’entitats són documents de caràcter mercantil que, per llei, s’han de fer i dipositar. No fer-ho, o fer-ho de manera incorrecta, no només va contra la llei sinó que pot comportar diversos problemes i responsabilitats en cas de conflicte entre socis.
Així doncs, és important prestar a el tema l’atenció que mereix; aprofitem per recordar-los la possibilitat d’externalitzar tant l’elaboració i dipòsit de les reunions, com la possibilitat i recomanació, en societats amb diversos socis, amb òrgans d’administració col·legiats i certa complexitat, de nomenar secretari no conseller a lletrat extern; aquest vetllarà per la correcció tant de les convocatòries de les sessions, com de l’elaboració de les actes i legalitat dels acords.
Com sempre, quedem a la seva disposició per comentar qualsevol aspecte que sobre aquesta matèria, o una altra, requereixin
María José Moragas Monteserín
Responsable área legal
BNFIX PICH tax · legal · audit · advisory
OBLIGACIONES y DISEÑOS de PLANES de IGUALDAD
Los planes de igualdad, las normas que lo regulan, sus principios y contenido han sido los protagonistas del primer Café con BNFIX de 2021, que tuvo lugar el 15 de enero en las oficinas BNFIX de Murcia.
El acto, nuevamente en formato virtual, estuvo dirigido por Ramon Madrid y moderado por Víctor Mateo, ambos de la citada oficina, y contó con la intervención de la abogada, consultora y experta en el tema Ana Jiménez Alfaro, también de la oficina de Murcia.
Al inicio de su ponencia, la consultora explicó la evolución legal desde la Ley de Igualdad 3/2007, “en su momento bastante estridente” pero “importante y necesaria” al marcarse como objetivo la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, más allá de la igualdad formal reconocida en la Constitución. Dicha norma introdujo diversas medidas innovadoras, entre ellas la regulación de los planes de igualdad, la legitimación del uso de prácticas positivas, la consagración del principio de presencia equilibrada y la definición de algunos conceptos básicos como discriminación directa e indirecta o acoso sexual por razón de sexo.
Tras esta ley marco, que demostró ser “insuficiente”, se llegó al posterior decreto 6/2019 que la modificaba, al tiempo que modificaba también el Estatuto de los Trabajadores y que ha supuesto, como medidas básicas, la ampliación del permiso de paternidad, la extensión de los planes de igualdad a las empresas de más de 50 trabajadores y el refuerzo de la igualdad de remuneración.
A lo largo de su intervención, la experta apuntó los principios que han de regir los planes de igualdad (igual retribución para igual trabajo, transparencia retributiva) y en qué se han de traducir (registro retributivo, auditoría, sistema de valoración de los puestos de trabajo, etcétera.)
Ana Jiménez explicó asimismo los pasos formales que deben cumplirse para su elaboración, el contenido mínimo que deben incluir, las áreas mínimas de intervención del plan, la documentación y registro del mismo, el régimen sancionador, etcétera.
Recordó, por otro lado, que con independencia de estar o no obligada a elaborar un plan de igualdad, la empresa está obligada por ley a garantizar dicha igualdad, promover acciones que eviten el acoso sexual y tener registros retributivos de toda la plantilla. Además, más allá de la obligación y del riesgo de sanción por incumplimiento, elaborar planes de igualdad aporta un sinfín de ventajas a las empresas, que van desde el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 a la mejora de la competitividad, la motivación y la reputación; es garantía de calidad y excelencia empresarial… sin olvidar las ventajas que da de cara a la contratación pública, que incluye incentivo sociales, o los distintivos que permite obtener de la Administración Pública.
En el turno de ruegos y preguntas, Víctor Mateo y Ramon Madrid instaron a las empresas a aprovechar la “obligación” y hacer de ella una oportunidad para elaborar a conciencia los planes de igualdad y “ordenar” sus políticas retributivas, en muchos casos poco definidas y marcadas hasta ahora por la “improvisación”.
L’inici de l’exercici 2021 planteja diverses novetats tributàries mitjançant diferents lleis aprovades a final de l’any 2020 entre les quals trobem la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat i les conegudes com a Taxa Google i Taxa Tobin.
LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT PER L’EXERCICI 2021
El 30 de desembre es van aprovar els Pressupostos Generals de l’Estat per l’exercici mitjançant Ley 11/2020 que ha entrat en vigor l’1 de gener del 2021. A continuació es desenvolupen les novetats fiscal més destacades.
IRPF
– Increment de l’escala general per ingressos superiors a 300.000 € en un 2%.
– Increment de l’escala de l’estalvi per imports superiors a 200.000 € en un 3%, ja que s’afegeix un tram i es tributarà a un tipus del 26%.
– Reducció del límit de reducció per aportacions en plans de pensions individuals a un import de 2.000 € (anteriorment aquest límit era de 8.000 €). Aquest límit es pot ampliar si les aportacions a plans de pensions provenen de contribucions empresarials.
IMPOST SOBRE SOCIETATS
– Limitació de les despeses financeres deduïbles no incorporant al benefici operatiu els ingressos financers procedents de dividends de participacions que el seu valor d’adquisició fos superior als 20 milions d’euros.
– Limitació al 95% de l’exempció dels dividends i les plusvàlues obtingudes per la venta de participacions. S’incorpora una excepció a la limitació del 95% per les empreses que compleixin els següents requisits:
o Els dividends siguin rebuts per part d’una entitat amb una xifra de negocis inferior a 40 milions d’euros, que no sigui societat patrimonial, no formi part d’un grup mercantil abans del 2021 i no tingui anteriorment una participació
en una altra entitat igual o superior al 5%
o Els dividends procedeixin d’una entitat constituïda abans de l’1 de gener del 2021 i s’ostenti de forma directa des de la seva constitució del 100% dels fons propis.
o Els dividends es rebin en els tres períodes impositius immediats i successions a la constitució de la entitat que els distribueixi.
IVA
Increment del tipus de gravamen de les begudes ensucrades que passen d’una tributació del 10% al 21% d’IVA.
TAXA GOOGLE
El 15 d’octubre de 2019 es va aprovar la Ley 4/2020 que estableix l’Impost sobre determinats serveis digitals coneguda com a taxa google que entra en vigor el 16 de gener del 2021.
Aquest impost grava la presentació de serveis digitals com la publicitat en línia, serveis d’intermediació en línia i serveis de transmissió de dades en què l’usuari estigui situat al territori espanyol en el moment que consumeix aquest servei.
Els contribuents d’aquest impost seran les persones jurídiques o entitats que el primer dia del període de liquidació (trimestral) superin els següents barems:
– Xifra de negocis de l’any natural anterior sigui superior als 750 milions d’euros.
– L’import total dels ingressos subjectes a aquest impost de l’any natural anterior superi els 3 milions d’euros.
Aquests serveis tributaran pel seu valor normal de mercat, que tributarà a un tipus impositiu
del 3%.
TAXA TOBIN
El 15 d’octubre de 2019 es va aprovar la Ley 5/2020 que estableix l’Impost sobre les Transaccions Financeres coneguda com a taxa Tobin que entra en vigor el 16 de gener del 2021. Aquest és un impost indirecte que grava les operacions d’adquisicions oneroses d’accions de societats espanyoles cotitzades amb un valor de capitalització borsari superior a 1 milió d’euros a 1 de desembre de l’any anterior. La llei estableix diverses exempcions com l’adquisició per emissió d’accions o d’oferta pública en la col·locació inicial o si és susceptible d’aplicar el Règim especial de Fusions i Escissions.
La tributació d’aquest impost en el moment de l’anotació registral de l’operació és del 0,2% de l’import de la contraprestació.
Aquestes són les principals novetats de cara a l’exercici 2021 que anirem desenvolupant durant l’exercici i la seva aplicació.
Quant a la fiscalitat de la Generalitat de Catalunya, atès que encara no s’han aprovat els pressupostos corresponents al present exercici 2021, no es coneixen en aquest moment canvis o novetats.
D’altra banda, s’està tramitant al Congrés un projecte de llei de lluita contra el frau fiscal que introduirà alguns temes substancials com per exemple, nous paràmetres de l’ús del diner en metàl·lic, dels que que ja informarem en el seu moment.
Estem a la seva disposició per qualsevol dubte, o per si desitgen ampliar informació ja sigui
d’aquest o de qualsevol altre tema.
Ester Brullet
ester.brullet@pich.bnfix.com
Àrea fiscal
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