Dentro del aluvión legislativo que venimos sufriendo desde el pasado mes de marzo con motivo de la crisis derivada de la COVID-19, en esta ocasión pondremos nuestra atención en el Real Decreto Ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo”, concretamente en su Disposición Final Cuarta, en la que se establecen modificaciones relativas al derecho de separación de socios regulado en la Ley de Sociedades de Capital.
En primer lugar, recordamos que la Ley de Sociedades de Capital, en sus artículos 346 y siguientes, regula el derecho de separación y exclusión que tienen los socios de sociedades de capital. En este caso, con motivo de la crisis derivada de la COVID-19 el Real Decreto ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 modificó el citado derecho. Así, aunque concurriera causa legal o estatutaria, en las sociedades de capital los socios no podrían ejercitar el derecho de separación hasta que finalizara el estado de alarma y las prórrogas del mismo que, en su caso, se acordaran.
Una vez finalizado el estado de alarma, a la vista del impacto económico derivado de la crisis sanitaria de la COVID-19, el Gobierno ha considerado conveniente extender el plazo de suspensión del derecho de separación de los socios, únicamente en el supuesto de separación por falta de dividendos, tal y como se establece en el artículo 348 bis.1 y 4 de la Ley de Sociedades de Capital. De esta forma, se permitirá la retención del dividendo para que las empresas puedan afrontar la recuperación económica con una solvencia reforzada.
La suspensión del derecho de separación se extenderá solo lo necesario para conseguir el objetivo descrito, esto es, hasta el 31 de diciembre de 2020.
Esperando que esta información sea de su interés, nos ponemos a su disposición para cualquier consulta o aclaración sobre la presente.
Cristina Torres
cristina.torres@pich.bnfix.com
Área Legal
(Imagen de Markus Spiske para Pexels)
Una sentencia del Tribunal Constitucional del 1 de julio declara inconstitucional y nulo el Real Decreto-Ley 2/2016 sobre los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades.
El Real Decreto-Ley 2/2016 establecía que en las sociedades con una cifra de negocios superior a los 10 millones de euros que tributen en los pagos fraccionados en la modalidad prevista en el artículo 40, apartado 3 de la LIS (cálculo en función del ejercicio en curso), el tipo impositivo sería de un mínimo del 23% del resultado contable, sin incorporar ajustes fiscales previstos en la Ley, las Bases Imponibles Negativas de ejercicios anteriores, exenciones ni bonificaciones. Mediante la aplicación de este Real Decreto, la carga fiscal de estos contribuyentes sufrió un aumento considerable.
al y como indica la sentencia de inconstitucionalidad, la normativa impugnada incidía en tres elementos del cálculo de los pagos fraccionados:
1. La forma del cálculo del pago fraccionado, porque obligaba a la inclusión de rentas exentas que no forman parte de la Base Imponible del Impuesto sobre Sociedades.
2. Un incremento del tipo impositivo.
3. La determinación del importe a ingresar, no pudiendo minorar la cuantía de las bonificaciones establecidas en la Ley ni en las retenciones soportadas.
La sentencia del Tribunal Constitucional del 1 de julio declara inconstitucional el Decreto Ley, pero declara que no se podrán revisar situaciones juzgadas. La regularización de los pagos fraccionados se realizó con la presentación del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio y, por lo tanto, no se podrán revisar los pagos fraccionados realizados mediante la aplicación del citado Real Decreto Ley. No obstante, se podrá valorar la reclamación de intereses de demora por los pagos fraccionados realizados.
Ester Brullet
ester.brullet@pich.bnfix.com
Área Fiscal
El Real Decreto-ley 19/2020, publicado el 27 de mayo, adoptó, entre otras, determinadas medidas tributarias para paliar los efectos del COVID-19 que afectan de forma directa a los plazos de presentación del Impuesto de Sociedades. Estas medidas son, en síntesis, las siguientes
Presentación de la declaración
El plazo para autoliquidar y presentar el Impuesto de Sociedades continúa siendo durante los 25 días naturales siguientes a los 6 meses posteriores a la conclusión del período impositivo. Como sabemos, del 1 al 25 de julio de 2020 para entidades cuyo período impositivo de 2019 coincida con el año natural.
La novedad radica en que si a 25 de julio de 2020 la entidad no hubiera aprobado cuentas –cosa que puede ocurrir sin incumplir ningún plazo- esa declaración se realizará con las “cuentas anuales disponibles” o con las cuentas formuladas. Si no han sido formuladas en ese intervalo (del 1 al 25 de julio) –lo que también es posible porque el plazo finaliza el 31 de agosto- se realizará la presentación del Impuesto según información disponible en la contabilidad llevada con arreglo al Código de Comercio.
Pero, si las cuentas aprobadas finalmente contuvieran información diferente a la utilizada para presentar la primera declaración, la entidad podrá presentar una nueva, cuyo plazo de presentación finalizaría el próximo 30 de noviembre de 2020.
Características de la nueva autoliquidación:
- Si de la misma resulta una cantidad a ingresar mayor o una cantidad a devolver menor que la primera, se considera complementaria, devengándose por ese importe intereses de demora desde que terminó el plazo de la “normal” –en general desde el 25 de julio-.
- Si resultase menos importe a ingresar o más a devolver se considerará rectificación de la primera pero sin los efectos de las autoliquidaciones rectificativas –sin devengo de intereses de demora por el diferencial desde la fecha de presentación y sin aplicar el procedimiento establecido para ellas de los artículos 126 y siguientes del Reglamento de aplicación de los tributos.
- En la nueva autoliquidación se podrán modificar las opciones o ejercer las opciones como en cualquier declaración presentada en plazo. Por ejemplo, aunque en la presentada en julio no se hayan compensado bases negativas, sí se podrán compensar en la de noviembre y la Administración no podrá discutirlo.
- El plazo de 6 meses a partir del cual se devengan intereses de demora, si la cantidad que resulte a devolver por la presentación de la autoliquidación no se ha hecho efectiva, se contará a partir del 30 de noviembre de 2020. Por lo tanto, en caso de que resulte una cantidad a devolver de esta segunda autoliquidación, el devengo de intereses de demora comenzará el 1 de junio de 2021.
- Como excepción a lo anterior, si en la segunda declaración se produce una rectificación de la primera con un resultado a devolver porque se ingresó efectivamente en esa primera, los intereses de demora sobre la devolución se devengarán desde el primer plazo –en general, el 25 de julio-.
- Se aclara que tanto una como otra declaración podrán ser comprobadas por la Administración.
Carolina Mateo Marín
Responsable Área Fiscalidad Internacional
El Departament de Salut va publicar el 9 de juliol al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la resolució SLT / 1648/2020, per la qual s’estableix les noves mesures en l’ús de la màscareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19.
En aquesta nova etapa de represa de l’activitat a Catalunya, l’ús de la màscara es considera com una mesura de protecció individual i col·lectiva en el desenvolupament de les activitats que puguin generar més risc de transmissió.
Aquesta resolució ve a reforçar les condicions d’ús de la màscara de protecció, que estableix la seva obligatorietat a la via pública, els espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobi obert a el públic, deslligat al fet de mantenir la distància física interpersonal de seguretat.
És per això, que d’aquesta resolució es desprèn, que en l’àmbit laboral l’ús de la mascareta en l’entorn de treball, independentment de la distància física interpersonal de seguretat, sembla que s’ha de fer un ús obligatori.
Montse Teruel
montse.teruel@pich.bnfix.com
Àrea Laboral
(Imagen de Anshu A para Unsplash)
El Boletín Oficial del Estado (BOE) del 8 de julio publicó el Real Decreto Ley 26/2020, del día anterior, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto de la COVID-19. La norma autoriza a los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a controlar el cumplimiento, por parte de las empresas, de las medidas de salud pública previstas por el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria. Dichas medidas sanitarias son las siguientes:
- Adopción de medidas de ventilación, limpieza y desinfección adecuadas a las características e intensidad de uso de los centros de trabajo, con arreglo a los protocolos establecidos.
- Puesta a disposición de agua y jabón, o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida, autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad, para la limpieza de manos.
- Adaptación de las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos de trabajo y la organización de los turnos, así como el uso de los lugares comunes de forma que se garantice una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros entre trabajadores. Cuando no sea posible, deberá proporcionarse a los trabajadores equipos de protección adecuados al nivel de riesgo.
- Adopción de medidas para evitar la coincidencia masiva de personas, tanto trabajadores como clientes/usuarios, en los centros de trabajo durante las franjas horarias de previsible mayor afluencia.
El incumplimiento de estas medidas puede ser considerado una infracción grave en materia de prevención de riesgos laborales, y puede comportar sanciones por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por importes que van de los 2.046 a 40.985 euros.
Jordi Carbonell
jordi.carbonell@pich.bnfix.com
Área Laboral
BNFIX PICH Tax · Legal · Audit
(Imagen de Burst para Pexels )
Amb l’estiu acabat d’estrenar, i havent deixat enrere el llarg estat d’alarma, intentem ara adaptar-nos a la “Represa” o “Nova Normalitat” i evitar l’aparició de nous brots de coronavirus. I dins aquesta adaptació, donem avui per conclosa l’etapa de circulars COVID amb la número 25, que comencem amb una primera valoració, a càrrec del responsable de l’Àrea Laboral, Jordi Altafaja, de l’acord a què van arribar Govern de l’Estat, patronals i sindicats per, entre altres coses, prorrogar els Expedients Temporals d’Ocupació (ERTO) per força major fins el 30 de setembre i la prestació als autònoms per cessament extraordinari d’activitat .
Atesa la rellevància de l’esmentat acord, Jordi Altafaja ha preparat també un vídeo que podeu veure clicant AQUÍ
Per la seva banda, el responsable de l’Àrea Fiscal, Àngel Oró, us proposa, AQUÍ, la lectura d’una sèrie de propostes, del Consejo General de Economistas, per afavorir la liquiditat de les empreses viables en l’actual context de “Nova Normalitat” en què han de treballar després dels moments més durs viscuts mesos enrere. Són unes propostes que, pel seu abast, ens ha semblat interessant compartir amb tots vosaltres.
Finalment, us recordem que sempre podeu consultar el contingut de les 25 circulars COVID a l’apartat de comunicació de la nostra página web. I si allà no trobeu el que busqueu ens podeu fer la consulta directament escrivint a assessors@pich.bnfix.com
Reprenem, doncs, la nostra forma habitual de comunicació per mitjà de la newsletter mensual i la tramesa de circulars puntuals, tot confiant que, amb la col·laboració de tothom, no haguem de tornar a l’excepcional situació viscuda durant la primavera.
Joaquim Coma · jcoma@pich.bnfix.com
soci · responsable Àrea Fiscal
ENLLAÇOS
La situació de crisis sanitària del COVID 19 ha generat nombroses modificacions de la normativa en vigor, tant en l’àmbit mercantil, com fiscal i laboral per tal de pal·liar els efectes econòmics. Tot i això els terminis de les declaracions fiscals a presentar durant els mesos de maig, juny i juliol es mantenen en el calendari fiscal.
En aquest sentit, el pròxim 30 de juny finalitza el termini de presentació de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), i de l’Impost sobre el Patrimoni. En el cas de procedir a la domiciliació bancària del pagament d’aquests impostos, el termini finalitza el 25 de juny.
Per altra banda, el pròxim mes de juliol comença el termini de presentació de l’Impost sobre Societats corresponent a l’exercici 2019 per totes aquelles
empreses en què l’any fiscal coincideixi amb l’any natural. El termini d’autoliquidació de l’Impost serà del 1 al 25 de juliol, com és habitual.
Tot i això, mitjançant el Real Decret-Llei 19/2020 es va aprovar una mesura extraordinària que permet a les empreses que no hagin aprovat els Comptes Anuals de l’exercici 2019 puguin presentar l’Impost de Societat amb els “Comptes Anuals disponibles”. En el supòsit que finalment la informació dels Comptes Anuals difereixi, la societat podrà presentar un liquidació complementària o rectificativa abans del 30 de novembre del 2020. Aquest fet és possible, ja que el termini de formulació dels Comptes Anuals de l’exercici 2019 ha quedat posposat a tres mesos posteriors a la finalització de l’estat d’alarma.
Ester Brullet
ester.brullet@pich.bnfix.com
Àrea Fiscal
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