La Agencia Tributaria acaba de publicar una nota informativa sobre interposición de sociedades por parte de personas físicas, ya sea para ejercer su actividad o bien para tener propiedades  de uso particular a nombre de una sociedad. En este sentido, la nota advierte de los riesgos de esta práctica y apunta los criterios que determinan la correcta o incorrecta  tributación de estas sociedades, tanto en el caso de la interposición de sociedades para ejercer actividades como para la posesión de bienes. Como en este tema son habituales ciertos errores de tributación por parte de las personas que los practican (y fácilmente detectables por parte de la Agencia Tributaria), hemos considerado oportuno redactar una circular aclaratoria de las principales dudas que pueden plantearse. Pueden leerla pinchando AQUÍ.

De todos modos, es importante analizar cada caso concreto, por lo que les recordamos que estamos a su disposición para aclarar las dudas específicas.

Como ya les avanzamos en la newsletter de enero, una novedad de la Ley 11/2018 es el cambio en la Ley de Sociedades de Capital (art 348 bis) que regula el derecho a la separación del socio por falta de distribución de dividendos. Dicho derecho es aplicable a las juntas generales que se celebran desde el 30 de diciembre pasado y reduce los requisitos que posibilitan el ejercicio de este derecho. Por su relevancia, hemos querido profundizar en el tema y hemos preparado una detallada circular que explica, entre otras cosas, las excepciones a ese derecho de exclusión, los trámites para su ejercicio, los requisitos que deben cumplirse para ejercer la separación, los plazos y las situaciones particulares en las que no se podrá aplicar. Pueden leer dicha circular pinchando AQUÍ

Los cambios del decreto ley 21/2018 sobre alquileres sólo serán aplicables a los contratos firmados entre el 19 de diciembre y el 22 de enero, fecha en la que su convalidación fue rechazada en el Congreso de los Diputados. Así, los contratos de alquiler firmados a partir del 23 de enero se regirán por la normativa anterior, es decir, la ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos. Una de las principales novedades de la norma invalidada era la ampliación, a cinco años, del periodo mínimo del contrato (o siete si el arrendador era persona jurídica.

El próximo 1 de abril concluye el plazo para presentar la declaración informativa sobre bienes y servicios en el extranjero (conocida como modelo 720) relativo al ejercicio 2018. Como saben, es una declaración obligatoria para las personas físicas y jurídicas residentes en España que posean bienes y/o derechos en el exterior. Para informar de aquellos bienes y derechos sujetos a declaración y de las limitaciones de la declaración, hemos preparado una circular informativa sobre el tema. En ella les recordamos, además, que estamos ante una declaración cuestionada por la Comisión Europea, que ha iniciado una investigación al considerar que su sistema sancionador infringe la normativa comunitaria, al tiempo que ha urgido a nuestro país a tomar medidas correctoras.
Pueden conocer más detalles del tema pinchando en este ENLACE