20 de noviembre, 2026
Nuevas obligaciones laborales y de transparencia retributiva
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el 18 de noviembre el Real Decreto-ley 39/2026, de 17 de noviembre, que completa la transposición de las directivas europeas sobre condiciones laborales transparentes y previsibles e igualdad y transparencia retributiva entre mujeres y hombres. La norma modifica el Estatuto de los Trabajadores, el Real Decreto 902/2020, de igualdad retributiva, la Ley 3/2023, de Empleo, y el Real Decreto 723/2026, además de introducir ajustes en la normativa sancionadora y de contratación pública.
Ahora bien, al haberse aprobado entre la disolución de las Cortes y la celebración de las elecciones generales del 29 de noviembre, el Real Decreto-ley deberá ser convalidado o derogado por la Diputación Permanente del Congreso, dentro de los treinta días desde su promulgación, por lo que estaremos atentos a su consolidación.
1. Modificaciones en el Estatuto de los Trabajadores
La reforma incorpora expresamente la garantía de indemnidad; los trabajadores no podrán sufrir un trato desfavorable, perjuicio o represalia por ejercer o reclamar sus derechos laborales ante la empresa o mediante actuaciones administrativas o judiciales. Las decisiones empresariales que vulneren esta garantía serán nulas.
La obligación de informar por escrito sobre los elementos esenciales de la relación laboral se extiende a todos los contratos, con independencia de su duración. La representación legal también deberá recibir esta información cuando dichos elementos no consten en el contrato por escrito.
En los contratos a tiempo parcial, las horas complementarias deberán comunicarse con un preaviso mínimo de tres días, salvo que el convenio colectivo establezca un plazo inferior. Si no se respeta el preaviso, el trabajador podrá rechazar su realización sin consecuencias desfavorables. Si la empresa cancela las horas comunicadas, se conservará el derecho a cobrarlas.
El periodo de prueba no podrá superar los seis meses para técnicos titulados ni dos meses para el resto. En empresas de menos de 25 trabajadores, el límite para los no técnicos titulados será de tres meses. En contratos temporales de seis meses o más, el periodo de prueba no podrá superar un mes; si la duración es inferior, deberá reducirse proporcionalmente.
La empresa no podrá prohibir ni limitar la prestación de servicios para otras empresas, salvo que exista una incompatibilidad basada en causas objetivas, como la salud y seguridad, la protección de la confidencialidad, la integridad del servicio público o la prevención de conflictos de intereses. Se mantiene la posibilidad de pactar plena dedicación con compensación económica.
2. Solicitud de una forma de empleo más estable y previsible
El nuevo artículo 21 bis del Estatuto de los Trabajadores permite solicitar, cuando existan vacantes, la conversión entre jornada completa y parcial, el incremento de jornada de los contratados a tiempo parcial, la transformación de contratos temporales o formativos en indefinidos o fijos-discontinuos y la conversión de contratos fijos-discontinuos en indefinidos ordinarios.
También podrán solicitarse otros cambios que permitan acceder a condiciones de mayor previsibilidad, duración o estabilidad, en este caso con una antigüedad mínima de seis meses. La empresa deberá responder de forma motivada y por escrito en el plazo máximo de un mes. En empresas de hasta diez trabajadores, el plazo será de tres meses. Asimismo, deberá informarse a la plantilla y a su representación legal sobre las vacantes disponibles.
3. Transparencia e igualdad retributiva
El Real Decreto 902/2020 se modifica para reforzar el registro retributivo, la valoración de puestos, la auditoría retributiva y los derechos de información. Las empresas deberán facilitar a la plantilla y a su representación legal, de forma comprensible y accesible, los criterios utilizados para determinar las retribuciones y los niveles retributivos. En empresas de 50 o más empleados, también deberán comunicarse los criterios de progresión retributiva cuando existan.
El registro retributivo continúa siendo obligatorio para todas las empresas e incluirá a toda la plantilla, incluido el personal directivo y los altos cargos. Deberá recoger la media aritmética y la mediana de las cantidades realmente percibidas, desglosadas por sexo y expresadas tanto en cómputo anual como por hora de trabajo. La empresa deberá conservar el registro y su documentación de soporte durante cuatro años.
En empresas de 50 o más trabajadores, cuando el promedio retributivo de un sexo supere en un 25 % o más al del otro, deberá justificarse que la diferencia es por motivos ajenos al sexo. En empresas de 100 o más empleados, esta justificación será necesaria cuando la diferencia alcance, al menos, el 5 %.
Serán nulas las cláusulas contractuales que impidan a un trabajador comunicar o revelar información sobre su propia retribución. El plazo de prescripción de las acciones por vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación retributiva será de tres años desde el cese de la situación discriminatoria.
4.Derecho individual de información y auditorías retributivas
Los trabajadores podrán solicitar por escrito información sobre su retribución individual y sobre las retribuciones medias, desglosadas por sexo, de quienes realicen el mismo trabajo o uno de igual valor. La información deberá distinguir salario base, complementos salariales y percepciones extrasalariales, tanto en términos anuales como por hora de trabajo.
La empresa deberá facilitar la información en un plazo máximo de dos meses e informar, al menos una vez al año, a toda la plantilla sobre este derecho y el procedimiento para ejercerlo. Si la información fuera incompleta o inexacta, deberán facilitarse aclaraciones motivadas en quince días. El derecho podrá ejercerse durante el año siguiente a la extinción de la relación laboral respecto del periodo trabajado.
Las auditorías retributivas deberán considerar, como mínimo, la información de los últimos tres años. Cuando se detecten desigualdades no justificadas por criterios objetivos y neutros sobre el género, deberá establecerse un plan de corrección con objetivos, actuaciones, responsables y calendario. Las diferencias deberán corregirse en un plazo razonable no superior a seis meses.
5.Información sobre la brecha retributiva de género
Las empresas de 50 o más trabajadores deberán facilitar a la Comisión para el seguimiento de la transparencia retributiva información sobre la brecha retributiva media y mediana, los complementos salariales, la distribución por cuartiles y las diferencias por categorías, grupos o puestos de igual valor.
La información tendrá periodicidad anual para las empresas de 250 o más trabajadores y trienal para las de entre 50 y 249. La primera comunicación deberá efectuarse antes del 8 de junio de 2027 en empresas de 150 o más trabajadores y antes del 8 de junio de 2031 en empresas de entre 50 y 149.
6. Transparencia salarial en los procesos de selección
La norma incorpora la transparencia retributiva antes de la contratación. Las ofertas de empleo deberán informar de la retribución inicial del puesto, fijada con criterios objetivos y neutros respecto al género, y del convenio colectivo aplicable.
Las empresas y los intermediarios no podrán preguntar a los candidatos por su retribución actual o anterior. Los anuncios y las denominaciones de los puestos deberán utilizar criterios neutros sobre el género y garantizar los principios de igualdad de trato y no discriminación, también en los procedimientos automatizados o sistemas algorítmicos.
7. Régimen sancionador y contratación pública
La falta de información sobre los elementos esenciales de la relación laboral pasa de infracción leve a grave. También son graves los incumplimientos relacionados con el nuevo artículo 21 bis del Estatuto de los Trabajadores, el registro retributivo y determinadas obligaciones de información sobre transparencia salarial.
Se tipifican como muy graves las decisiones empresariales que impliquen trato desfavorable o represalia frente a una reclamación del trabajador, así como determinadas conductas discriminatorias o solicitudes de datos prohibidos en los procesos de intermediación o colocación.
La Ley de Contratos del Sector Público incorpora las obligaciones de igualdad y transparencia retributiva a la ejecución de contratos y concesiones. Los pliegos deberán prever medidas para garantizar su cumplimiento por contratistas y subcontratistas y podrán establecer penalizaciones. En los supuestos previstos legalmente, la discriminación retributiva por razón de sexo o el incumplimiento reiterado de las obligaciones de transparencia podrán ser causa de resolución del contrato público.
8. Entrada en vigor y régimen transitorio
El Real Decreto-ley 39/2026 entra en vigor el 19 de noviembre de 2026, un día después de su publicación en el BOE, momento en el que, con carácter general, ya pueden aplicarse los cambios.
No obstante, se establecen algunos periodos transitorios. Las auditorías retributivas incluidas en planes de igualdad que están vigentes mantienen su validez y deben adaptarse a la nueva regulación cal acabar su vigencia o cuando deban ser revisadas.
En las relaciones laborales de duración inferior a cuatro semanas ya vigentes a la entrada en vigor de la norma, la información sobre los elementos esenciales de la relación laboral deberá facilitarse en el plazo de diez días hábiles desde la solicitud del trabajador, siempre que no obre ya en su poder.
En cuanto a las nuevas obligaciones de información sobre la brecha retributiva de género, su implantación será gradual: las empresas de 150 o más trabajadores deberán efectuar la primera comunicación antes del 8 de junio de 2027, mientras que las de 50 a 149 trabajadores deberán hacerlo antes del 8 de junio de 2031.
Como siempre, en BNFIX PICH Tax Legal quedamos a su disposición para aclarar cualquier duda que puedan tener sobre el tema.

Montse Teruel
BNFIX PICH
Responsable del Área Laboral y de Seguridad Social



