La justicia española recibió el año pasado un total de 7.550.806 asuntos, según datos del Consejo General del Poder Judicial,  que reflejan el alto nivel de conflictividad de nuestro país.  

La duración de los procesos y la carga estructural del sistema siguen siendo factores críticos en la toma de decisiones. 

• Los procedimientos judiciales pueden prolongarse durante varios años. 
• La fase de recurso implica habitualmente entre 6 y 18 meses en segunda instancia y unos 7 meses adicionales en casación.  
• En el ámbito tributario, la resolución completa puede prolongarse entre 8 y más de 10 años.  

La duración de los procedimientos, tanto de reclamaciones económico-administrativas como judiciales en cualquier materia repercute de modo directo en los costes: 

• Costes directos: honorarios, provisiones, garantías en materia tributaria o costes financieros asociados. 
• Costes indirectos: impacto en tesorería, incertidumbre contable, exposición reputacional. 
• Costes de oportunidad: consumo de recursos internos durante largos periodos. 

Así, aconsejamos introducir criterios de eficiencia, no sólo jurídica, sino también económica en la gestión de los conflictos. 

En este sentido, el sistema jurídico promueve medios alternativos de solución de controversias (MASC) —negociación, mediación, conciliación o arbitraje— como instrumentos orientados a lograr soluciones extrajudiciales lo que nos permite reducir tiempos de resolución y contener costes. 

La experiencia nos ha enseñado que la gestión eficaz de controversias, requiere de un enfoque integral, tanto legal como económico, y debe contemplar: 

• Importe económico del conflicto y de su gestión 
• Análisis previo de la vía a adoptar 
• Actuación minuciosa desde fases iniciales (inspecciones, requerimientos, negociación). 
• La estrategia en procesos administrativos o judiciales. 
• La utilización selectiva de MASC según el momento del conflicto. 
• La eventual defensa procesal en sede judicial. 

Así pues, una pequeña reflexión: la gestión del conflicto trasciende el ámbito estrictamente procesal para convertirse en una cuestión estratégica, organizativa y económica, lo que es clave para la protección de los intereses empresariales. 

Esperando serles de utilidad, quedamos, como siempre, a su disposición para cualquier aspecto que deseen comentar sobre la materia. 

 

María José Moragas ·mj.moragas@pich.bnfix.com 

Socia responsable del Área Legal de BNFIX PICH TAax Legal Audit 

📷Imagen de Pavel Danilyuk para Pexels