El Consejo de Ministros del 7 de marzo pasado aprobó el Anteproyecto de Ley Orgánica de representación paritaria de mujeres y hombres en órganos de decisión, cuya meta es la de cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas basado en garantizar a las mujeres y niñas las mismas oportunidades que los hombres y niños en el empleo, liderazgo y la adopción de decisiones a todos los niveles.  

Un reflejo claro de este objetivo son las distintas normas que se han aprobado en esta materia, cuyo mejor y más claro exponente es la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Dicha ley incorporó el principio de representación equilibrada entre mujeres y hombres; la senda trazada por esta Ley es la que pretende seguir este anteproyecto, que transpone la Directiva (UE) 2022/2381 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de noviembre de 2022, que garantiza un mejor equilibrio de género entre los administradores de las sociedades cotizadas y relacionadas con medidas conexas. 

Una de las principales novedades de la norma sería la de asegurar la representación efectiva de las mujeres en el ámbito político mediante listas cremallera obligatorias (candidaturas integradas por personas de ambos sexos ordenadas de forma alternativa) en las elecciones de miembros del Congreso, Senado, Parlamento Europeo, asambleas autonómicas, municipios, consejos insulares y cabildos insulares.  

Este principio de representación equilibrada también sería trasladado al máximo órgano ejecutivo del Estado, el Consejo de Ministros, implantando el límite de que ningún sexo pueda tener menos del 40% de los puestos en dicho órgano. Este principio se aplicará a la hora de nombrar a las personas titulares de las vicepresidencias y de los ministerios. 

En el ámbito de la Administración General del Estado, los órganos superiores y directivos (como secretarías de Estado, subsecretarías y direcciones generales) de cada ministerio deberán incorporar también este principio en los próximos cinco años, extendiendo esta obligación a todas las entidades del sector público estatal.  

Otra novedad será la extensión del principio de representación equilibrada a distintos ámbitos de la sociedad civil, incluido el empresarial. Con la nueva norma, los consejos de administración de las sociedades cotizadas y las entidades de interés público que tengan más de 250 trabajadores o una cifra de negocios de más de 50 millones de euros o un activo superior a 43 millones deberán tener una composición acorde con este principio, de modo que el número de mujeres no podrá ser inferior al 40 por ciento del total de los miembros del consejo. Para lograr el cumplimiento de esta disposición, deberán adaptarse los procesos de selección: en caso de empate entre varios candidatos, se elegirá el sexo menos representado en el Consejo. 

En sociedades cotizadas y no cotizadas, la alta dirección también deberá velar por el cumplimiento de este principio, debiendo contener en la memoria información detallada de la situación al respecto, llegando incluso a constituir el incumplimiento de estas previsiones para el caso de las sociedades cotizadas, una infracción grave.  

Por último, las juntas de gobierno de los colegios profesionales y los órganos colegiados constituidos para otorgar premios o condecoraciones de la Administración General del Estado o entidades integrantes del sector público institucional estatal, también deberán cumplir con el mencionado principio, de modo que, deberán incluir en la memoria anual el número de miembros desglosados por sexo, así como explicar los motivos y medidas que se adoptarán en caso de no alcanzar el porcentaje establecido.  

En definitiva, si bien la norma avanza en la línea de las anteriores normativas sobre la materia, es previsible que alcance los avances esperados, pues la ausencia de régimen sancionador en las anteriores sería ahora subsanada, en detrimento de meros incentivos o recomendaciones de buenas prácticas para conseguir los objetivos previstos. 

Así pues, quedamos pendientes de las novedades que se produzcan para mantenerles informados y atender cualquier duda que les pudiera surgir.