Les situacions d’insolvència i/o concurs de creditors són motiu que impedeix a les empreses presentar-se a licitacions públiques. Així ho preveu l’article 71 de la Llei de Contractes del Sector Públic, que inclou també com a prohibició per presentar-se a concurs les empreses intervingudes judicialment o bé inhabilitades. Per aprofundir una mica més en aquest tema, hem preparat una circular que aborda, així mateix, la resolució de contractes en curs un cop declarat el concurs i els casos en què, malgrat el concurs, la relació contractual amb l’administració pot continuar endavant “per interès públic”. Per tot això, recomanem a les empreses que tinguin molt en compte aquestes situacions si treballen, o preveuen treballar, per a les administracions, cas en el qual els recomanem una atenta lectura d’aquest text. Alhora, els convidem a fer-nos arribar tots aquells dubtes que puguin tenir al respecte.
ENTIDADES INSOLVENTES Y CONTRATOS CON EL SECTOR PUBLICO
El artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, por la que se transpusieron al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de fecha 26 de febrero de 2014, regula las prohibiciones de contratar.
El apartado 1.c) del citado precepto legal, hace referencia a las situaciones de insolvencia y concursos de acreedores, estableciendo que no podrán contratar con las entidades que forman parte del sector público las personas que:
- hayan solicitado la declaración de concurso de acreedores voluntario
- hayan sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento
- que se hallen declaradas en concurso, salvo que en este haya adquirido eficacia un convenio o se haya iniciado un expediente de acuerdo extrajudicial de pagos
- que estén sujetos a intervención judicial o hayan sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso
Por otro lado, en aquellos supuestos de encontrase vigente un contrato sujeto a la ley de contratos del sector público nos encontramos ante el escenario que prevén los artículos 211.1.b), 212.2 y 212.5 de la Ley que nos ocupa.
El primero de los artículos citados establece, como norma general, que es causa de resolución del contrato la declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento y el segundo, nos indica que la declaración de insolvencia en cualquier procedimiento dará siempre lugar a la resolución del contrato.
Visto lo anterior nos resulta relevante poner atención el artículo 212.5 de la Ley, que señala:
“5. En caso de declaración en concurso la Administración potestativamente continuará el contrato si razones de interés público así lo aconsejan, siempre y cuando el contratista prestare las garantías adicionales suficientes para su ejecución.
En todo caso se entenderá que son garantías suficientes:
- a) Una garantía complementaria de al menos un 5 por 100 del precio del contrato, que deberá prestarse en cualquiera de las formas contempladas en el artículo 108.
- b) El depósito de una cantidad en concepto de fianza, que se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 108.1, letra a), y que quedará constituida como cláusula penal para el caso de incumplimiento por parte del contratista”.
Este último precepto viene a dejar en manos de la administración contratante la posibilidad de que pueda continuar el contrato suscrito con una empresa o entidad que sea declarada en concurso de acreedores si entiende que concurren razones de interés público y si, además, considera que la garantía aportada por el contratista para su ejecución es suficiente; concretando el precepto, al menos en parte, que garantías adicionales se entenderán suficientes.
En cualquier caso, tampoco podemos obviar que prevén los pliegos del contrato en esta materia, observaremos que muchos de ellos establecen la resolución del contrato tras una declaración de concurso de acreedores.
No tenemos la solución a lo anterior. Sin embargo, si podemos aconsejarle que si es Ud. una empresa o entidad cuyos clientes son, o lo son en gran parte, entidades del sector público debe de estar más que atento a aquellas situaciones de pre-insolvencia por falta de liquidez, dado que el perjuicio puede ser irreversible. Y si no es posible evitar la situación, si es conveniente actuar lo más anticipadamente posible para, de ser posible, negociar anticipadamente un convenio o intentar un acuerdo extrajudicial de pagos.
Como siempre quedamos a su entera disposición para comentar o ampliar cuantos aspectos considere convenientes,
María José Moragas
Socia responsable del área legal
BNFIX PICH
Tax Legal Audit
