La sostenibilidad y sus informes corporativos está más presente que nunca en la agenda empresarial, mientras España refuerza su compromiso con un nuevo marco legal para el cálculo y compensación de emisiones, la Unión Europea opta por proponer la ampliación de los plazos de aplicación de sus directivas más recientes en la materia. 

Huella de carbono

Por un lado, el Consejo de ministros aprobó el 18 de marzo el ﷟ Real Decreto sobre huella de carbono (pendiente de publicación en el BOE). Este Real Decreto amplía la obligación de calcular, registrar y compensar huella de carbono y va dirigido al mismo grupo de empresas que deben cumplir con la Ley 11/2018, de 28 de diciembre1,  

 En concreto, en su disposición transitoria incluye obligaciones específicas para ciertas empresas en España relacionadas con la divulgación de información no financiera y diversidad, así como a empresas que formulen cuentas consolidadas, sociedades de capital cuyo número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a 500 y tengan la consideración de entidades de interés público, o bien se consideren gran empresa.  

 Una de las novedades destacadas es que esta nueva obligación afecta también a los departamentos ministeriales de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, entidades gestoras y los servicios comunes de la seguridad social, así como a otras entidades del sector público administrativo estatal.  

 La nueva normativa pretende mejorar la operativa del sistema aportando mayor claridad técnica, simplificación administrativa y coordinación con registros autonómicos. 

Paquete Ómnibus

Por otro lado, el Parlamento Europeo ha aprobado la ampliación en la implementación de la Directiva sobre Información Corporativa en Materia de Sostenibilidad (CSRD) y la Directiva sobre Diligencia Debida en Materia de Sostenibilidad (CSDDD) recogida entre las medidas del paquete legislativo «Ómnibus«, que retrasará, una vez refrendado por el Consejo Europeo, la implementación de dos directivas clave para la sostenibilidad corporativa:  

• La Directiva sobre Información Corporativa en Materia de Sostenibilidad (CSRD): se retrasaría dos años la obligación de reportar para las empresas que debían hacerlo, según esta directiva, en 2025 y en 2026. 

• La Directiva sobre Diligencia Debida en Materia de Sostenibilidad (CSDDD): se postpondría un año adicional su entrada en vigor.

Aunque España ya había comenzado a transponer estas directivas, este nuevo calendario exigirá adaptar los desarrollos normativos nacionales en consonancia  

 ¿Qué significa todo esto para las empresas y organizaciones? 

 Esta doble lectura —una España que avanza y una Europa que ajusta— nos deja tres conclusiones clave: 

• El replanteamiento europeo no equivale a un cambio de rumbo, sino a una búsqueda de mayor realismo y adaptación. Las exigencias siguen en pie, solo que algo más tarde. O sea, no es desregulación, sino que es simplificación. 
• España ha decidido seguir avanzando y marcar una cierta pauta para las empresas en aspectos claves de la sostenibilidad, anticipando escenarios regulatorios en ciertos aspectos 
• La sostenibilidad y sus informes corporativos evoluciona desde su papel tradicional inicial de aportar valor añadido a las empresas a una cuestión de cumplimiento, reputación y ventaja competitiva. 

 El nuevo Real Decreto español es una llamada a la acción inmediata y el replanteamiento temporal europeo una oportunidad para prepararse con mayor profundidad.  

 Las organizaciones que decidan liderar este proceso saldrán reforzadas frente a inversores, consumidores, atracción de talento y reguladores. 

 Quedamos a su disposición para asesorarles sobre la valoración e implantación de estos informes 

📸Imagen de Sam Forson para Pexels