El fin de medidas transitorias de apoyo, como la suspensión de la vigencia del artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), dispara la disolución de empresas
El Boletín Oficial del Estado publicó ayer, 27 de julio de 2022, el Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, que establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos y se mejora la protección por cese de actividad.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TSJU) resolvió mediante sentencia, el pasado 28 de junio, el recurso interpuesto por la Comisión Europea en el que solicitaba que se declarara el incumplimiento de España de sus obligaciones en materia de responsabilidad del Estado por infracción del Derecho de la Unión Europea. La sentencia entiende que la normativa interna, regulada en los artículos 32, 33 y 34 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público y el artículo 67.1 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, es contraria a los principios de equivalencia y/o efectividad, que impone el Derecho Comunitario.
En apretada síntesis, dichos preceptos someten la viabilidad de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial y la consecuente obtención de la indemnización de los daños ocasionados a los particulares por el legislador español como consecuencia de la infracción del Derecho de la Unión Europea, al cumplimiento de los siguientes requisitos:
Todos estos requisitos han sido declarados por la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la misma línea que así ya lo declaró el Abogado General, contrarios al principio de efectividad del derecho comunitario. Nos encontramos, por tanto, ante una transformación radical, en beneficio de los perjudicados, del fenómeno de la responsabilidad del Estado legislador.
En particular, la sentencia del TJUE considera que la regulación de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador en caso de infracción del Derecho de la Unión es contraria al principio de efectividad por las siguientes razones:
El TJUE toma como punto de partida que la regulación nacional implícitamente requiere que exista una sentencia del TJUE declarando dicha infracción, al establecer el requisito previo de que la norma de rango legal haya sido “declarada contraria al Derecho de la Unión Europea”.
Partiendo de esta premisa, el TJUE declara que la reparación del daño “no puede estar subordinada al requisito de que una sentencia dictada por el Tribunal de Justicia con carácter prejudicial declare la existencia de tal infracción”. Asimismo, en coherencia con ello, el TJUE considera, en cuanto al plazo de prescripción de 1 año previsto en la LPAC para ejercitar la acción, que la publicación de una sentencia del TJUE en el DOUE no puede ser “el único punto de partida posible del plazo de prescripción de la acción que tiene por objeto exigir la responsabilidad patrimonial de dicho legislador por las infracciones del Derecho de la Unión que le sean imputables”.
Al respecto, el TJUE afirma que “sería contrario al principio de efectividad obligar a los perjudicados a ejercitar sistemáticamente todas las acciones de que dispongan, aunque ellos les ocasione dificultades excesivas o no pueda exigírseles razonablemente que las ejerciten”.
Del mismo modo que, no existiendo un acto administrativo de aplicación de la norma contraria al Derecho de la Unión, no cabe exigir al particular que fuerce su adopción para poder cumplir con el requisito de impugnarlo judicialmente y obtener de ese modo una sentencia firme desestimatoria de su recurso.
Y, por último, en relación con ello, la sentencia concluye que el establecimiento de una limitación temporal de 5 años no garantiza que los particulares reciban una reparación “adecuada al perjuicio sufrido” ni que se le compense “íntegramente”, motivo por el que tampoco este precepto satisface las exigencias del principio de efectividad.
Todo lo anterior ha conducido al TJUE a declarar que el Reino de España ha incumplido sus obligaciones en materia de responsabilidad del Estado por infracción del Derecho de la Unión Europea al haber establecido los mencionados requisitos que actuaban como indisimuladas barreras artificiales para el ejercicio de este tipo de acciones, correspondiendo por tanto ahora al Estado, tomar las medidas oportunas para poner fin a este incumplimiento.
Además, sin olvidar que cabrá analizarse cada caso de forma personalizada, esta sentencia puede ser interesante como estrategia para recuperar las sanciones o liquidaciones firmes respecto del modelo 720.
Víctor Bueno Torres
Área legal
El Boletín Oficial del Estado (BOE) del 4 de julio publicó los nuevos modelos del Registro Mercantil para la presentación de las cuentas anuales del ejercicio 2021.
Los grupos consolidados que emiten valores cotizados estarán obligados a aplicar las NIC (normas internacionales de contabilidad) en el depósito de sus cuentas anuales.
Grupos no obligados a aplicar las NIC y empresas individuales que realizan la presentación de cuentas según las normas contables españolas: la norma recoge las novedades derivadas del artículo 3 del Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el que se modifica el Plan General de
Contabilidad. Los cambios vienen impuestos por la adaptación parcial a la NIIF – UE 9, sobre instrumentos financieros y por adaptación completa a la NIIF – UE 15, en materia de reconocimiento de ingresos. Estos cambios afectan a:
Obligación de presentar la hoja de declaración Covid-19. Documento que sirve para analizar los efectos de la pandemia en las empresas, así como para valorar las medidas de política económica puestas en marcha a tal efecto.
Obligatoriamente se tiene que presentar el nombre del titular real, con independencia de que este dato ya se haya aportado anteriormente y no se haya modificado en el ejercicio al que se refiere el depósito.
La información no financiera se deberá presentar separadamente y como anexo al informe de gestión.
Las empresas que hubieran iniciado su ejercicio antes del 1 de enero de 2021 y aquellas que depositen sus cuentas antes de la entrada en vigor de la nueva orden, es decir, antes del 5 de julio, podrán utilizar los modelos anteriores.
Hacienda ya tiene preparados tres modelos de declaración de criptomonedas, los 172, 173 y 721, que supondrán un nuevo marco de obligaciones inéditas para empresas y particulares. La Agencia Tributaria prevé que los contribuyentes que poseen, proveen, operen, intermedien y/o custodien estas monedas virtuales declaren los saldos y detallen cada operación realizada, con numerosos parámetros.
El Gobierno aprobó días atrás un paquete de medidas para hacer frente a los efectos económicos y sociales ocasionados por la guerra en Ucrania y a las situaciones de vulnerabilidad derivadas de la pandemia de la COVID19, así como para favorecer la recuperación de la isla de La Palma
El 25 de julio finaliza el plazo de presentación de la liquidación del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2021 para todas aquellas sociedades cuyo ejercicio social coincida con el año natural.
Es preciso recordar que todas las sociedades, fundaciones y entidades estarán obligadas a presentar la declaración de Impuesto de Sociedades según la normativa establecida, incluso las sociedades inactivas.
Tal y como establece la normativa, el contribuyente, de forma similar a lo que sucede con el IRPF, tiene la opción de marcar la casilla del impreso en la que manifiesta la voluntad de destinar el 0,7 % la cuota íntegra del Impuesto sobre Sociedades a subvencionar actividades de interés social.
Marcar esta casilla, en el apartado “otros caracteres – finas sociales”, no tiene ningún impacto económico en la declaración del impuesto.
Los fondos recaudados a través de la Casilla Empresa Solidaria del Impuesto de Sociedades van dirigidos a financiar una gran diversidad de proyectos sociales y medioambientales desde que en 2018 se incluyó en las liquidaciones.
Se financian, entre otros, proyectos de atención sociosanitaria, promoción de la salud y la vida independiente, de inclusión en la comunidad, de lucha contra la discriminación, cobertura de necesidades educativas, de formación y fomento de la inserción laboral, fomento de la seguridad ciudadana y prevención de la delincuencia, promoción de la igualdad de trato, prevención de la violencia, protección de víctimas, promoción y defensa de derechos, etc
Ester Brullet
Área Fiscal
La Dirección General de Tributos (DGT) ha abierto la puerta a que los youtubers se registren en la Administración Tributaria bajo un epígrafe de actividad (IAE) de carácter empresarial y no, por tanto, profesional, con las consecuencias que de ello se derivarían a efectos de su tributación personal en IRPF.
Este criterio aparece en la respuesta a una consulta vinculante (V0773-22) a una pregunta planteada por una influencer que se dedica, según manifiesta, a “la publicación de vídeos y fotografías realizadas por ella misma de contenido diverso en una plataforma, recibiendo por ello una retribución económica de una empresa domiciliada en el Reino Unido, no percibiendo ingresos por publicidad“. La DGT se posiciona y establece que, respecto el caso planteado y teniendo en cuenta el tipo de actividad que se desarrolla, éstas estarían “clasificadas únicamente en la sección 1ª, por lo que las actividades realizadas por la consultante, aun cuando sean realizadas por una persona física por cuenta propia y a título individual, a efectos de la clasificación en el Impuesto sobre Actividades Económicas no se consideran actividades profesionales, sino que se consideran actividades empresariales.”
Hasta ahora, la posición de la Administración era la de considerar las actividades desarrolladas por los youtubers como profesionales, entendiendo que el servicio que prestan es de carácter directo y personalísimo, es decir, que únicamente él o ella pueden prestar.
Las consecuencias parecen evidentes: aunque la pregunta se plantea por la figura del Impuesto sobre Actividades Económicas, la respuesta de Hacienda manifiesta su posicionamiento al considerar esta actividad como empresarial, lo cual abre la puerta para que los youtubers puedan tributar al tipo nominal del Impuesto sobre Sociedades del 25%, en lugar de por el IRPF y su tipo escalado, pues la Administración tendrá mucho más complicado rebatir esta postura.
Parece, como última conclusión, que este posicionamiento responde a una estrategia de la Administración que pretende atraer a los youtubers bajo su “yugo fiscal”, ante las recientes noticias de traslados de residencia a otros territorios, como Andorra, para intentar reducir su factura fiscal.
Carolina Mateo
Área Fiscal
📸 Imagen de George Miton para Pexels
El Boletín Oficial del Estado ha publicado hoy, 15 de junio, la Ley 10/2022 de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
La ley se estructura en un único Título, y contiene 5 artículos, cuatro disposiciones adicionales y tres disposiciones finales.
Las medidas fiscales contenidas en esta ley son idénticas a las establecidas en el Real Decreto-Ley 19/2021 y se recogen en el artículo 1 de la ley; por tanto, se mantienen los porcentajes de deducción, los plazos de realización de las obras para realizar los pagos, para la emisión del correspondiente certificado, así como los umbrales máximos de deducción.
La novedad que añade esta Ley se refiere a las ayudas que no deberán integrarse en la base imponible del IRPF, que serán todas aquellas concedidas en virtud de los distintos programas establecidos en el RD691/2021, RD737/2020, RD853/2021 y el RD477/2021.
Pinchando AQUÍ podrán acceder al contenido completo de la norma publicada hoy.
Pinchando AQUÍ podrán acceder a la guía sobre desgravaciones fiscales para la rehabilitación de viviendas, preparada por el Consejo General de Economistas en colaboración con el Colegio Superior de los Colegios de Arquitectos de España.
Carolina Mateo
Área de Fiscalidad
El Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona publicó el pasado 31 de mayo la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) para el ejercicio de 2022 y sucesivos, aprobado por el Pleno del Consejo Municipal del 27 de mayo anterior
Como recordarán, desde la publicación de la sentencia del Tribunal Constitucional del 26 de octubre de 2021, que declaró la inconstitucionalidad de la base imponible del IIVTNU, en concreto de los artículos 107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y el consecuente vacío normativo sobre la determinación de la base imponible de este tributo local que acarreó, venimos navegando en un periodo en el que han reinado la incertidumbre y la especulación sobre el futuro de la regulación de este impuesto, que es la segunda figura tributaria que más recursos aporta a las arcas locales, tras el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
Aunque para dar cierta seguridad jurídica, el 10 de noviembre se publicó el Real Decreto-ley 26/2021 que adaptaba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el citado Impuesto de Plusvalías, este devino eficaz pero insuficiente, ya que debían ser los ayuntamientos quienes modificaran, en el plazo de 6 meses desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, sus respectivas ordenanzas fiscales para adecuarlas al mismo.
Así, el 27 de mayo se aprobó la ordenanza fiscal de Barcelona que regula este impuestos, no sin obstáculos, puesto que el Pleno del Consejo Municipal ya aprobó, en este sentido, provisionalmente esta ordenanza fiscal, objeto de subsiguientes reclamaciones por la complejidad de la cuestión tratada.
Esta reforma se centra primordialmente en la búsqueda de adecuar la base imponible del impuesto a la capacidad económica efectiva del contribuyente, permitiendo su contribución al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con aquella.
Ahora bien, ¿Qué ha supuesto la aprobación de la Ordenanza fiscal del IIVTNU y qué aspectos de la misma debemos conocer?
Nos interesa conocer lo siguiente:
Esta solicitud de prórroga se tiene que presentar dentro de los primeros seis meses y se entenderá concedida si, transcurrido un mes desde la solicitud, no hay resolución expresa.
Como siempre, quedamos a su disposición para atender cualquier duda sobre el tema.
Víctor Bueno Torres
victor.bueno@pich.bnfix.com
Área legal
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