Recientemente hemos incorporado a nuestro equipo  el despacho “Borrás Abogados y Economistas S.L.P.”, que tiene una experiencia de más de treinta años en la asesoría tributaria y legal y está liderado por Josep Borrás, abogado y economista, inspector de hacienda en excedencia y experto en Aduanas e Impuestos Especiales.

Con esta incorporación, el equipo que encabeza desde 1988 el economista y socio-director Valentí Pich, reforzará su área fiscal, mercantil y de impuestos especiales, un campo que en los últimos años está creciendo en complejidad, tanto a nivel estatal como autonómico. (ved más abajo vídeo-entrevista de Sara Bueno a Joan Borrás, en la que habla de impuestos especiales)

BNFIX PICH cuenta actualmente con una treintena de profesionales que abarcan las principales áreas de la empresa: a las tradicionales áreas fiscal, laboral, legal y de auditoría se han ido sumando poco a poco nuevas áreas de acuerdo con la evolución de las necesidades del mundo de la empresa, que van desde la mediación y el arbitraje a las nuevas tecnologías, pasando por la sostenibilidad y el acceso a los fondos Next Generation, por poner unos ejemplos.

BNFIX PICH forma parte de la red nacional de despachos independientes BNFIX, con oficinas en nueve ciudades españolas y unos 200 profesionales, y de DFK International, plataforma que está presente en más de 90 países de todo el mundo.

Para Valentí Pich, “sumar a nuestro equipo el talento de Josep Borrás representa sumar experiencia, conocimiento y solvencia a los servicios que ofrecemos a nuestros clientes, unos clientes cada vez más exigentes con el nivel de servicios y especialización que requieren”.

Para más información, pueden contactar con Josep Borrás en la dirección de correo j.borras@pich.bnfix.com

 

 

 

 

Las últimas novedades legislativas en materia de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres están generando un escenario confuso para las empresas: a qué están obligadas, cómo proceder…No obstante, podemos extraer dos importantes corolarios del nuevo marco jurídico aplicables a cualquier tipo de empresa, con independencia del tamaño: 

  1. La obligación de adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, previa consulta o negociación. 
  1. La obligación de promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo y arbitrar procedimientos específicos para su prevención. 

 Respecto a la obligación de negociar Planes de Igualdad, a partir de marzo de 2022 se extenderá a todas las que dispongan de más de 50 personas trabajadoras, negociados de conformidad con las nuevas exigencias legales. 

Hay que tener en cuenta que las sanciones establecidas en la ley por infringir estos preceptos legales podrían llegar a 187.515 euros. 

Además, desde el año 2017, tras la entrada en vigor de la nueva ley de Contratos del Sector Público, la incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública se consolida como un elemento determinante para su adjudicación, donde la igualdad de oportunidades tiene un papel decisivo. 

Desde BNFIX ofrecemos a nuestras empresas el servicio de gestión de la igualdad. Puede encontrar más información en el apartado de servicios de nuestra web o contactando directamente con nuestra oficina: info@bnfix.com. 

 

Ana Jiménez-Alfaro

Coordinadora de Planes de Igualdad 

BNFIX 

 

(Imagen de Yan Krukov para Pexels)

Cuando sólo quedan dos meses para la finalización del año 2021 es importante realizar una planificación fiscal de la declaración de IRPF que se empezará a presentar el próximo mes de abril.

Una de las principales novedades de la declaración de IRPF del 2021 tiene relación con las reducciones en la base imponible por aportaciones a planes de pensiones.

En este sentido, con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado del año 2021 se aprobó una disminución en el límite general de las aportaciones, que se ha trasladado al Reglamento de IRPF mediante el Real Decreto 899/2021 aprobado el pasado 20 de octubre de 2021

En la declaración de IRPF correspondiente al ejercicio 2021 el límite general de las aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social se ha reducido hasta 2.000 euros (anteriormente era de 8.000 euros). En el supuesto de aportaciones realizadas a favor de un plan de pensiones del cónyuge el límite es de 1.000 euros (anteriormente situado en 2.500 euros). Todo ello, este límite se puede ampliar a 8.000 euros si las aportaciones provienen de contribuciones empresariales.

Por otra parte, en el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 se incluyen algunas modificaciones relativas a los límites de aportaciones a sistemas de previsión social, modificaciones que habrá que analizar durante la negociación parlamentaria.

Ester Brullet 

ester.brullet@pich.bnfix.com 

Àrea Fiscal 

El Boletín Oficial del Estado (BOE) de 21 de octubre ha publicado la resolución de 14 de octubre, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la relación de fiestas laborales por autonomías para el año 2022.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 45.4 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, las diecisiete Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla, han remitido al Ministerio de Trabajo y Economía Social la relación de fiestas laborales correspondientes al año 2022.

La remisión de dicha relación tiene por objeto dar publicidad a las mismas mediante
su publicación en el BOE (Boletín Oficial del Estado).

Asímismo, verán anexo a este escrito la relación de fiestas correspondientes a cada
comunidad autónoma.

Calendario de fiestas laborales por autonomías. 2022

Sara Bueno

sara.bueno@pich.bnfix.com

Àrea laboral

 

Como ya han avanzado los medios de comunicación, el Tribunal Constitucional publicó ayer, 26 de octubre,  una nota informativa en la que anuncia una sentencia por la que se declara nulo e inconstitucional el método objetivo para calcular la base imponible del Impuesto del Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía municipal).

La sentencia considera inconstitucionales los artículos 107.1, segundo párrafo, 107.2a) y 107.4 del RDL 2/2004 en los que se aprobaba la Ley Reguladora de las Haciendas Locales que hace referencia al cálculo de la base imponible del impuesto.

El Tribunal Constitucional considera que el resultado del impuesto siempre establece un aumentado en el valor del terreno con independencia de que este incremento se haya producido y de la cantidad real de ese aumento, ya que se calcula a partir del valor catastral del terreno .

En los próximos días, el Tribunal Constitucional publicará el texto íntegro de la sentencia, pero los ayuntamientos no podrán liquidar este impuesto por las transmisiones de inmuebles realizadas con posterioridad a la publicación de la sentencia.

En cuanto a las transmisiones anteriores a la sentencia, la nota informativa establece que no habrá efecto retroactivo por las liquidaciones previas. Por todo ello, y a la espera de la sentencia, será necesario analizar los supuestos de autoliquidación de plusvalías municipales por parte de los contribuyentes.

En los próximos días, con la publicación íntegra de la sentencia, les informaremos de las novedades relacionadas con la plusvalía municipal.

Ester Brullet

ester.brullet@pich.bnfix.com

Àrea Fiscal

El 6 de octubre se publicó el Real Decreto-ley 19/2021 de 5 de octubre de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con el fin de potenciar la mejora en la eficiencia
del parque de vivienda en España, que se caracteriza por su elevada antigüedad.

En cifras, y según el Instituto Nacional de Estadística, más de la mitad de los edificios residenciales es anterior a 1980, es decir, anterior a la entrada en vigor de la primera normativa reguladora de las condiciones térmicas de los edificios. Esta situación afecta a cerca de 5,5 millones de edificios residenciales y unos 9,7 millones de viviendas principales.

Tras analizar la calidad de los edificios a partir de su calificación energética, se observa que más del 81,0 % de los edificios existentes se sitúa en las letras E, F o G, en términos de emisiones, aumentando dicho porcentaje hasta el 84,5 % de los edificios en el caso del
consumo energético, lo que pone de manifiesto el importante potencial de la rehabilitación
energética.

Pueden leer la circular completa en el pdf adjunto

 

Carolina Mateo

carolina.mateo@pich.bnfix.com

Área Fiscal

 

 

Con la newsletter de octubre 2021 hemos abierto una nueva sección sobre fiscalidad de personas físicas, y en concreto sobre herencias y donaciones, un tema al que, más pronto o más tarde, la mayor parte de nosotros tendremos que prestar atención.

El Boletín Oficial del Estado de ayer, 29 de septiembre de 2021,  publica dos normas de carácter laboral con trascendencia en el ámbito económico y social. Por un lado, y por medio del Real Decreto 817/2021, de 28 de septiembre, se ha acordado el aumento del salario mínimo interprofesional, SMI,  para 2021, y por medio del Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, se ha acordado la prórroga de los ERTE para aquellas actividades especialmente castigadas por la crisis sanitaria. De ambos textos hemos recogido los “puntos clave” en materia laboral.

Salario Mínimo Interprofesional:  se ha acordado un incremento del 1,60%, que representa un aumento de 15 euros mensuales, pasando de 950 a 965 euros brutos mensuales, y que en cómputo anual pasa de 13.300 euros a 13.510 euros brutos anuales.
¿Desde cuándo es de aplicación la subida del salario mínimo aprobada?
El alza se aplica con efectos retroactivos desde el 1 de septiembre de 2021.
Debemos tener presente que la revisión del salario mínimo interprofesional no afectará a la estructura ni a la cuantía de los salarios profesionales que viniesen percibiendo aquellos trabajadores cuyo salario en su conjunto, y en cómputo anual, fuesen superiores a dicho salario mínimo.
Dichas percepciones son compensables con los ingresos que por todos los conceptos viniesen percibiendo los trabajadores de su empresa, en cómputo anual y a jornada completa.En cuan

Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) vinculados a la crisis pandémica derivada del COVID-19, y después de una primera lectura, destacamos los siguientes puntos de interés:

El Real Decreto-ley 18/2021 que regula la prórroga de los mismos ha establecido un mecanismo diferente al que habitualmente estábamos acostumbrados. Así, dicha prórroga se autorizará previa presentación, por parte de la empresa o entidad titular, de una nueva solicitud al efecto, acompañada de la documentación requerida al respecto, ante la autoridad laboral que autorizó o tramitó el expediente actualmente en vigor.
Se fija un plazo para la presentación de las nuevas solicitudes, entre el 1 y el 15 de octubre de 2021. Si no se presentara la documentación en el plazo establecido, el expediente de regulación temporal de empleo se dará por finalizado y no será de aplicación desde el 1 de noviembre de 2021.

Se modifica, por tanto, la fecha de finalización de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo que tenían una vigencia prevista hasta el 30 de septiembre, siendo la fecha prorrogada hasta el 31 de octubre de 2021. De este modo se da un margen suficiente para que las empresas puedan valorar las nuevas opciones y tomar las decisiones que consideren oportunas.

La autoridad laboral, cuando reciba la nueva solicitud, remitirá el expediente a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a los efectos de realizar el informe correspondiente en su caso, y será en el plazo de 10 días hábiles desde la presentación de la solicitud por parte de la empresa, que la autoridad laboral deberá dictar resolución.
En el supuesto de resolver estimatoriamente, se prorrogará el expediente solicitado hasta el 28 de febrero de 2022. En caso de ausencia de resolución expresa, se entenderá estimada la solicitud de prórroga.

Del mismo modo, las empresas y entidades afectadas por nuevas restricciones y medidas de contención sanitaria vinculadas a la COVID-19, que sean adoptadas por las autoridades competentes entre el 1 de noviembre de 2021 y el 28 de febrero de 2022, podrán solicitar un nuevo expediente de regulación temporal de empleo por impedimento o limitaciones a la actividad, de acuerdo con los requisitos contemplados en los apartados anteriores.

Exenciones por formación

Además, las exenciones en la cotización a la Seguridad Social para aquellas empresas que tengan aprobado el Expediente de Regulación Temporal de Empleo serán superiores en aquellas empresas que desarrollen acciones formativas para cada una de las personas afectadas por el nuevo ERTE.

Dichas acciones formativas tendrán como objetivo la mejora de las competencias profesionales y la empleabilidad de las personas trabajadoras afectadas por los expedientes. Con ellas se priorizará el desarrollo de acciones formativas dirigidas a atender las necesidades formativas reales de las empresas y los trabajadores de las mismas, incluyendo en estas formaciones aquellas que se vinculen con la adquisición de competencias digitales, o aquellas que permitan recualificar a los trabajadores, aunque no tengan relación directa con la actividad desarrollada en la empresa.

El plazo para la presentación efectiva de las acciones formativas comentadas en el apartado anterior finalizará el 30 de junio de 2022.

El Servicio Público de Empleo Estatal será el encargado de verificar la realización de la formación. Cuando no se hayan realizado de forma correcta, la Tesorería General de la Seguridad Social informará de tal situación a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para que ésta inicie los expedientes sancionadores y liquidatorios de cuotas que correspondan por la diferencia de los importes aplicados y los establecidos reglamentariamente.
Sin perjuicio de las exoneraciones que resultaren de aplicación en el expediente que fuera de aplicación en su empresa, las empresas que formen a personas afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo, tendrán derecho a un incremento de crédito para la financiación de acciones de formación programada, que variará según el tamaño de la empresa.

¿De qué exoneraciones puedo beneficiarme si cumplo los requisitos anteriores?

En los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo por limitaciones en la actividad

En el supuesto de tener a 10 o más trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social a 29 de febrero de 2020, los porcentajes de exoneración son los siguientes:
• 40% en el supuesto de que la empresa no desarrolle acciones formativas.
• 80% en el supuesto de que la empresa desarrolle las acciones formativas.

En el supuesto de tener a menos de 10 trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social a 29 de febrero de 2020, los porcentajes de exoneración son los siguientes:
• 50% en el supuesto de que la empresa no desarrolle acciones formativas.
• 80% en el supuesto de que la empresa desarrolle las acciones formativas.

En los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo por impedimento de la actividad
Podrán aplicar una exoneración del 100% de la aportación empresarial devengada a partir del mes de noviembre de 2021 y hasta el 28 de febrero de 2022.

Por último, se prorrogan las limitaciones relacionadas con el reparto de dividendos, la transparencia fiscal, la salvaguarda del empleo, la realización de horas extraordinarias, nuevas contrataciones y externalizaciones vigentes en las normativas anteriores.
Como siempre, quedamos a su disposición para atender cualquier duda sobre este tema, o quieren ampliar información ya sea de este tema o cualquier otro.

Sara Bueno

Sara.bueno@pich.bnfix.com

Área laboral

Como informamos en nuestra circular núm. 200430 de 30 de abril de 2020, para paliar los efectos económicos derivados de la pandemia, el Real Decreto-Ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, publicado en el Boletín Oficial del Estado del 29 de abril de 2020, entre otras medidas, en su artículo 18 expresó “que a los solos efectos de determinar la concurrencia de la causa de disolución (artículo 363.1 LSC), no se tomarán
en consideración las pérdidas del presente ejercicio 2020”, entendiéndose así que dichas pérdidas no formarían parte del cálculo del patrimonio neto a efectos de verificar si se cumple la situación de causa de disolución recogida en la legislación mercantil.

Con esta medida se pretendía atenuar temporal y excepcionalmente las consecuencias que tendría la aplicación en ese ejercicio de las normas generales sobre disolución de sociedades de capital, de modo tal que se permita a las empresas ganar tiempo para poder
reestructurar su deuda, conseguir liquidez y compensar pérdidas, ya sea por la recuperación de su actividad ordinaria o por el acceso al crédito o a las ayudas públicas.

Ahora bien, en la fecha en que nos encontramos cabe preguntarnos: ¿las pérdidas del año 2020 se han de considerar en este año 2021 y siguientes para determinar la causa de disolución?, pues surgen dudas en cuanto a ello de la lectura del citado artículo 18.

Informamos ampliamente sobre el tema en la circular adjunta

 

 

Natalia Pérez Pineda

natalia.perez@pich.bnfix.com

Área de Auditoria

 

 

Los nuevos modelos de cuentas anuales se publicaron sólo cuatro días antes de que se cerrara el plazo para su presentación. Esste hecho suscitó, por un lado, muchas críticas y la reacción inmediata del Consejo de Economistas. Por otra parte, hizo que muchas cuentas se presentaran con defectos y, por tanto, se calificaran negativamente. Por ello, y gracias a la presión de las organizaciones del sector, ahora las empresas disponen de un plazo de cinco meses para corregir las cuentas e incluir la nueva documentación exigida en relación con la COVID19. Todo ello sin que afecte a la constancia de la presentación de las cuentas en plazo.

 

Más información en esta Nota del Consejo General de Economistas  AQUI

Gemma Pasarisa

gemma.pasarisa@bnfix.com

Área Fiscal