Ya podéis leer la newsletter de febrero del 2021 de PICH BNFIX,con las últimas novedades fiscales, laborales, de auditoría, contabilidad…
BNFIX, consultora especialitzada en serveis professionals per a les empreses, ha creat l’àrea ‘Pla Digital per a Pimes’ dins la seva divisió NEXT Generation EU by BNFIX Advisory
El socio responsable a nivel nacional de BNFIX Advisory, Salvador Marín, y el socio Ramon Madrid, han preparado un nuevo vídeo con información y reflexiones sobre los fondos europeos conocidos como “NEXT Generation EU”. Como saben, se trata de una partida presupuestaria aprobada por la Comisión Europea para impulsar la recuperación económica de los socios comunitarios de los efectos de la pandemia de la COVID19.
Presentado por Valentín Pich, recuerdan en el vídeo algunos de los principales puntos del programa e inciden en la participación que pueden tener las pequeñas y medianas empresas en este excepcional programa de ayudas comunitarias. Asimismo, apuntan cómo los profesionales de BNFIX pueden acompañarlos en todo el proceso para que dicha participación tenga éxito.
El 1 de febrero comenzó el plazo de presentación de la declaración anual relativa a las
operaciones con terceros (modelo 347) que se deberá presentar durante el mes de
febrero con fecha límite 01 de marzo de 2021.
Haciendo clic AQUÍ pueden trabajar directamente con el programa modelo 347 del 2020 de la
Agencia Tributaria.
Una vez obtenido el archivo, mediante el programa de la Agencia Tributaria o con el propio
programa de contabilidad de la empresa, pueden presentar el citado modelo. Si no disponen
de certificado electrónico de usuario, pueden hacérnoslo llegar por correo electrónico a la
dirección mcarmen.caballero@pich.bnfix.com, antes del 20 de febrero, con el objetivo
qde ue nuestro despacho pueda presentarlo por vía telemática.
Para cualquier aclaración, no duden en llamarnos.
Mari Carmen Caballero
mcarmen.caballero@pich.bnfix.com · +34 93 301 20 22
El artículo 279 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de capital establece la obligatoriedad, para los administradores de las sociedades mercantiles, de depositar las cuentas anuales aprobadas de la compañía en el Registro Mercantil.
El artículo 282 del mismo texto regula el cierre registral para aquellas sociedades de capital que incumplan la obligación antes citada, con algunas excepciones.
El régimen sancionador estaba regulado en el artículo 283 del texto normativo que nos ocupa. Éste establecía una sanción de entre 1.200 y 60.000 euros, por parte del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, en caso de incumplir la obligación de depositar, dentro del plazo establecido, las cuentas anuales. No obstante, cuando la sociedad o, en su caso, el grupo de sociedades tenga/n un volumen de facturación anual superior a 6.000.000 euros el límite de la multa para cada año de retraso se incrementaba a 300.000 euros.
Hasta ahora se aplicaba el cierre registral para estas compañías, pero no la imposición de la multa económica.
Por eso queremos destacar una novedad del Real Decreto 2/2021, de 12 de enero, que aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de cuentas, de reciente entrada en vigor y cuyo contenido es:
La Disposición adicional undécima. Régimen sancionador del incumplimiento de la obligación de depósito de cuentas.
- El plazo total para resolver y notificar la resolución en el procedimiento sancionador regulado en el artículo 283 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, será de seis meses a contar desde la adopción por el Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas del acuerdo de incoación, sin perjuicio de la suspensión del procedimiento y de la posible ampliación de dicho plazo total y de los parciales previstos para los distintos trámites del procedimiento, según lo establecido en los artículos 22, 23y 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
- Los criterios para determinar el importe de la sanción, de conformidad con los límites establecidos en el artículo 283 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, serán los siguientes:
a) La sanción será del 0,5 por mil del importe total de las partidas de activo, más el 0,5 por mil de la cifra de ventas de la entidad incluida en la última declaración presentada ante la Administración Tributaria, cuyo original deberá aportarse en la tramitación del procedimiento.
b) En caso de no aportar la declaración tributaria citada en la letra anterior, la sanción se establecerá en el 2 por ciento del capital social según los datos obrantes en el Registro Mercantil.
c) En caso de que se aporte la declaración tributaria, y el resultado de aplicar los mencionados porcentajes a la suma de las partidas del activo y ventas fuera mayor que el 2 por ciento del capital social, se cuantificará la sanción en este último reducido en un 10 por ciento.
Así pues, como dice nuestro refranero que alguien “no da puntada sin hilo”, esta puntualización nos lleva a pensar que el Gobierno debe de tener alguna intención relacionada con las sociedades (inactivas o activas) cuyos administradores no cumplen con la obligación de depósito de cuentas.
Recomendaciones:
1.- Comprobar que nuestra sociedad está al corriente en la obligación de depósito de cuentas
2.- Comprobar que hemos cumplido la obligación de depósito de libros oficiales: contabilidad, actas y socios
3.- Ante nuestro incumplimiento:
a) Sociedades inactivas. Valoremos liquidarlas ante notario e inscribir la liquidación en el Registro Mercantil
b) Sociedades activas: procedamos a subsanar el incumplimiento y pongámonos al día de obligaciones legales.
Recordemos que la obligación es del administrador de la compañía. Pensemos que si la sociedad sufre algún perjuicio por incumplimiento del administrador, ésta – y sus socios/accionistas- podría repercutir los daños y perjuicios contra el administrador.
Estamos a su disposición para ayudarles en esta labor y, si lo desean, llevar a cabo un proceso de revisión de cumplimiento legal, tanto de estos aspectos a los que nos hemos referido, como de cualquier otro que pueda ser de su interés.
María José Moragas
Socia responsable del Área Legal
mj.moragas@pich.bnfix.com
BNFIX PICH
Tax · Legal · Audit
La economía digital es, sin duda, una actividad en la que resulta complicado establecer la ubicación física de realización del hecho imponible, cuestión esta que, en última instancia determina el territorio donde se debe hacer frente al pago de los impuestos.
Las nuevas profesiones relacionadas con la economía digital como los youtubers o influencers tienen una gran capacidad de generar ingresos, similar a la que tienen artistas o deportistas. Por tanto, que un conocido youtuber decida cambiar su residencia fiscal a Andorra recupera el viejo debate tiene que ver, precisamente, con determinar el lugar de residencia fiscal del profesional en cuestión, para que el estado “afortunado” pueda recaudar sus impuestos.
Es evidente que el trato fiscal que se dispensa a las rentas más altas es manifiestamente opuesto en los dos territorios: mientras en Andorra tributan a un ventajoso 10% (con exención sobre los primeros 24.000 euros), en España a este tipo de rentas se les aplica un tipo marginal del 47%; Por eso, es de vital importancia conocer los requisitos legales para la correcta determinación de la residencia fiscal y, por tanto, del lugar donde se va a hacer frente a los impuestos que correspondan, para evitar conflictos con las autoridades tributarias de cada país.
Condiciones
En la normativa española, la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) establece la condición que en primera instancia se debe dar para determinar la residencia habitual (y por ende la fiscal) de las personas físicas, que será la permanencia durante más de 183 días en España. Por tanto, para ser considerado residente fiscal en Andorra, el requisito principal será igualmente la permanencia por más de 183 días en territorio andorrano. Andorra, además, exige varios requisitos a sus nuevos vecinos para adquirir tal condición, como poseer una empresa de nacionalidad andorrana a través de la que se vehiculen los ingresos, realizar un depósito mínimo de 15.000 euros en una entidad bancaria del país por si se marchan dejando deudas pendientes o que tengan un lugar de residencia fijo, en propiedad o alquiler.
Que esos 183 días de rigor se cumplan religiosamente en Andorra va a ser una condición que la Agencia Tributaria Española mirará con lupa desde el principio, puesto que la comunicación del cambio de domicilio fiscal se debe realizar antes de que éste se produzca, a través del modelo 030.
Los condicionantes secundarios para determinar la residencia fiscal están en el Convenio de Doble Imposición firmado entre España y Andorra. En su artículo 4 establece, más allá del requisito material de permanencia durante más de 183 días y que se concretan en la habitualidad en la residencia, la ubicación del centro de intereses vitales y la nacionalidad; Estos serán, pues, los condicionantes secundarios a la hora de determinar la residencia fiscal en un estado u otro.
Con estos antecedentes, si El Rubius, o cualquier otra persona, decide trasladar su residencia fiscal y pasa más de 183 días del año natural en el país andorrano y, además, deja de tener sus principales intereses vitales, económicos y patrimoniales en España, pasará a ser residente fiscal en Andorra con todas las de la ley, según la propia normativa tributaria española y sin necesidad de aplicar el citado convenio para evitar la doble imposición.
Sin embargo, mucha gente pretende dejar de ser residente fiscal en España, lo cual es perfectamente lícito, aunque continúe ganándose la vida en España. El problema, en ese caso, es que, a pesar de acreditar que han estado más de 183 días en Andorra, continúan cumpliendo un requisito de la ley española que les hace atraer la residencia fiscal a España: la regla de los principales intereses económicos o patrimoniales. En esos casos, esas personas tienen lo que llamamos una situación de doble residencia fiscal. Son residentes fiscales en España por sus intereses económicos o patrimoniales y, también lo son en Andorra -o donde sea-, por su residencia física o fáctica.
Es posible que un youtuber o un influencer tengan tan poco arraigo en España que puedan cumplir estas reglas. El hecho de que las personas que le siguen o las empresas que le patrocinan o las descargas de sus vídeos, sean españolas, no tiene ninguna implicación fiscal relevante para el sujeto que decide cambiar su residencia.
Reacción de la Agencia Tributaria
La reacción de la Agencia Tributaria ante estos anuncios de cambio de residencia no se ha hecho esperar y en 2021 impulsará, entre otras medidas de lucha contra el fraude fiscal, una línea específica para el refuerzo del control de personas físicas que aparentan ser no residentes en España, para evitar el fraude y la evasión fiscal.
Para ello, la Agencia Tributaria podrá practicar un control reforzado mediante herramientas de análisis masivos de datos (los denominados “big data”), cuestión que supone una novedad en el ámbito del seguimiento de los patrimonios relevantes ‘deslocalizados’ y marca un nuevo impulso para la comprobación tributaria de este perfil de contribuyente.
Dentro del ámbito del análisis patrimonial, continuarán las labores de control sobre grandes fortunas impulsado por la Unidad Central de Coordinación del Control de Patrimonios Relevantes de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude. Este año, además, se añade una línea específica de control a partir de herramientas de ‘big data’ sobre contribuyentes con patrimonios relevantes que ‘deslocalizan’ su residencia, fingiendo que se hallan en el extranjero cuando la Agencia Tributaria entiende que realmente residen en España.
Más control
A lo largo del pasado año se estableció de manera sistemática el análisis de residencia sobre un amplio colectivo de contribuyentes que figuran como no residentes en las bases de datos tributarias. Este análisis ha permitido obtener los indicios necesarios para determinar la residencia en nuestro país de algunos de estos patrimonios relevantes, lo que permitirá, a partir de este 2021, intensificar las actuaciones de control de ciudadanos deslocalizados.
A modo de conclusión podemos decir que tomar la decisión de cambiar la residencia fiscal no es una cuestión baladí, pues además de valorar el ahorro fiscal que se podría obtener con el traslado, se debe también tener en cuenta que el cambio de residencia no puede ser una mera simulación. En ese caso la Agencia Tributaria cuenta con herramientas cada vez mejores para hacer el seguimiento de quien realmente ha trasladado su residencia de facto y quien está simulando este cambio para, simplemente, beneficiarse de un régimen fiscal más ventajoso. En tal caso, no aceptará el traslado y seguirá considerando que la residencia fiscal no se ha alterado.
Carolina Mateo
Responsable de Fiscalidad Internacional
carolina.mateo@pich.bnfix.com
BNFIX PICH
Tax · Legal · Audit
Los fondos europeos conocidos como ‘NEXT Generation EU’ fueron los protagonistas del segundo Café con BNFIX del año; tuvo lugar el 29 de enero en las oficinas barcelonesas de BNFIX PICH. El ponente era el responsable del departamento internacional de Foment del Treball, Kilian Garcia. El acto fue presentado por Valentín Pich, quien recordó que estamos ante “un plato que nos dicen que es exquisito pero que aun se está cocinando”.
Precisamente porque aún se está “cocinando”, Kilian García inició su exposición hablando de la “incertidumbre” general ante muchos aspectos de los fondos, los cuales “se han de gestionar y administrar de forma eficaz”.
Con estos fondos se crea por vez primera, dijo, una especie de «tesoro europeo» que es, al mismo tiempo, «un mecanismo de solidaridad internacional». A continuación, explicó que España será el segundo país receptor de fondos, tras Italia, con unos 150.000 millones de euros. Una parte será en forma de subvenciones y otra en forma de créditos. En primer lugar recibirá las ayudas en forma de subvenciones.
Estos fondos adicionales se sumarán a otros que ya recibe nuestro país de forma habitual, como los FEDER, la PAC y el FSE.
Objetivo: la reindustrialización
Por otro lado, la mayor partida de este gran programa comunitario se destinará al mecanismo de recuperación y resiliencia. Insistió en que la prioridad de la Comisión es reimpulsar la industrialización y alcanzar el objetivo de que la industria represente un 20 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) comunitario.
En su intervención, el experto, con experiencia en las instituciones comunitarias, explicó los plazos para la presentación de proyectos y asignación de recursos. En este sentido, el gobierno español prevé presentar su propuesta a mediados de febrero. Posteriormente, el Consejo Europeo debe dar el visto bueno si se ajusta a los objetivos de crear empleo y transformar la economía. El 70 por ciento de los fondos españoles deberán estar ya asignados entre este año y el que viene. En caso contrario “se perderán”, advirtió. En paralelo, España debe trabajar para acometer reformas estructurales en campos como el empleo (el paro es especialmente preocupante entre los jóvenes) y el sistema de pensiones, entre otros.
Participación de las comunidades autónomas
Asimismo se habló de la participación de las comunidades en la gestión y distribución de los fondos, de la importancia de que los proyectos tengan el máximo alcance “de país” y de la valoración de los proyectos compartidos entre países (como los transfronterizos). También se abordó la preocupación porque estos recursos y proyectos tengan en cuenta a las pequeñas y medianas empresas, que forman la mayor parte de nuestro tejido empresarial, son otros asuntos que se abordaron en la charla.
En la parte final también intervinieron el responsable de este ámbito de BNFIX, Salvador Marín, y el socio Ramon Madrid, que con posterioridad al café han preparado un nuevo vídeo sobre el tema. Presentado por Valentín Pich, recuerdna algunos de los principales puntos del programa NEXTGenerationEU. Además, han incidido en la participación que pueden tener las pequeñas y medianas empresas en este excepcional programa de ayudas comunitarias y cómo los profesionales de BNFIX pueden acompañarlas en todo el proceso para que dicha participación tenga éxito.
Desde marzo de 2019, y con un período transitorio que se prolongará hasta el 2022, las empresas de más de 50 trabajadores están obligadas a disponer de un Plan de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en sus organizaciones. Una nueva normativa que hay que afrontar como una nueva oportunidad.
Desde el pasado 7 de marzo de 2020, ya deben tener aprobados los planes de igualdad las empresas de entre 151 y 250 trabajadores.
A partir del 7 de marzo de 2021, deberán tener aprobado los planes de igualdad las empresas de entre 101 y 150.
A partir del 7 de marzo de 2022, deberán tener aprobado los planes de igualdad, las empresas de entre 50 y 100.
Las últimas reformas legislativas (Real Decreto 901/2020 y Real Decreto 902/2020) obligan también a las empresas a registrar sus planes de Igualdad, así como a disponer de una auditoría retributiva. Este nuevo marco normativo, si bien consagra el derecho a la negociación colectiva en materia de igualdad, determina que, en última instancia, la obligación de contar con un plan de igualdad corresponde a la empresa.
En este sentido, la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (RDL 5/2000) establece sanciones que van desde los 6.251 euros a los 187.515 euros por el incumplimiento de estas obligaciones.
Asimismo, integrar el Plan de igualdad como garantía de calidad y de excelencia empresarial facilitará el reporte de memorias de sostenibilidad y estados de Información no Financiera, así como el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 5 y la Agenda 2030.
Sara Bueno Torres
Área laboral
sara.bueno@pich.bnfix.com
BNFIX PICH
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La Unión Europea ha adoptado, en los últimos años, nuevos criterios contables en materia de instrumentos financieros y en relación con los ingresos ordinarios procedentes de contratos con clientes. Son las NIIF-UE 9 y NIIFUE 15, que han sido objeto de transposición a la normativa española, a través del RDL 1/2021, de 12 de enero, por el que se modifican el Plan General de Contabilidad (PGC) y otras normas.
Una de las modificaciones más destacadas es la de la norma de registro y valoración 9ª. “Instrumentos financieros”, por la que se reducen las categorías de clasificación de los activos y pasivos financieros:
Los Activos financieros pasan a clasificarse en cuatro categorías:
- Activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias.
- Activos financieros a coste amortizado.
- Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto.
- Activos financieros a coste.
Y los Pasivos financieros en dos:
- Pasivos financieros a coste amortizado
- Pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Por otro lado, se ha modificado la norma de registro y valoración 14ª “Ingresos por ventas y prestación de servicios”. Su objetivo es incorporar el principio básico de reconocer los ingresos cuando se produzca la transferencia del control de los bienes o servicios comprometidos con el cliente y por el importe que se espera recibir de este, a partir de un proceso que consta de las siguientes etapas sucesivas:
1ª Identificar el contrato con el cliente.
2ª Identificar las obligaciones del contrato, representativas de los compromisos de transferir bienes o prestar servicios a un cliente.
3ª Determinar el precio de la transacción o contraprestación.
4ª Asignar el precio de la transacción a las obligaciones a cumplir en el contrato.
5ª Reconocer el ingreso por actividades ordinarias cuando (a medida que) la empresa cumple las obligaciones comprometidas.
Por otro lado, el RD modifica la definición del Valor Razonable incluida en el Marco Conceptual, tanto del PGC Normal como del PGC PYMES.
Estas modificaciones son de aplicación para los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2021.
Natalia Pérez
Área de Auditoría
natalia.perez@pich.bnfix.com
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La celebración de elecciones al Parlament de Catalunya, el domingo 14 de febrero, puede afectar la actividad laboral de algunas empresas. Por ello, lo más habitual es buscar un compromiso, o un equilibrio, entre facilitar la participación de los trabajadores en las votaciones y el normal desarrollo de la actividad empresarial. En este sentido, si bien es un derecho de los trabajadores disfrutar de un permiso retribuido para ejercer el derecho a voto, también es cierto que la capacidad organizativa de la actividad empresarial corresponde al empresario.
Para facilitar esta aproximación de derechos, el BOE del 29 de enero publicó la Orden con las instrucciones necesarias para que los trabajadores puedan participar en los comicios.
Así pues, las empresas concederán un permiso de como máximo cuatro horas a los trabajadores que tengan la condición de electores y que el 14 de febrero tengan que trabajar, dentro de su jornada laboral, para que puedan ejercer votar. Será un permiso no recuperable, y se abonará el salario que hubiera correspondido de haber trabajado normalmente.
No se concederá el permiso mencionado en el párrafo anterior, sin embargo, a los trabajadores que realicen una jornada que coincida parcialmente con el horario de los colegios electorales si la coincidencia es como máximo de dos horas. Si la coincidencia es de más de dos horas y menos de cuatro, el permiso será de dos horas, y si esta coincidencia es de cuatro o más horas, será el permiso general de cuatro horas.
Si el día de la votación los trabajadores realizan una jornada inferior a la habitual, legal o convenida, se deberá reducir proporcionalmente la duración del permiso.
La determinación del momento de utilización de las horas concedidas para la votación, que debe coincidir con el horario establecido por el colegio electoral, es potestad de la empresa.
Dado que nos encontramos ante un permiso retribuido, a efectos del abono del salario por parte de las empresas, éstas podrán solicitar a los trabajadores que utilicen el permiso, la exhibición del justificante acreditativo de haber votado, expedido por la mesa electoral correspondiente.
Del mismo modo, los trabajadores que el 14 de febrero tengan que trabajar, pero acrediten su condición de miembros de la mesa electoral o interventores, tendrán un permiso retribuido correspondiente a la jornada completa del día 14, ya un permiso de las cinco primeras horas de la jornada laboral del día siguiente; este también retribuido y no recuperable, una vez justificada la actuación como miembro de mesa o interventor.
El permiso de cinco horas de la jornada laboral del día 15 de febrero se hace extensivo a todos aquellos trabajadores que a pesar de disfrutar de descanso semanal el día 14, acrediten su condición de miembros de la mesa electoral o interventor, en las mismas condiciones que establezca el apartado anterior.
Igualmente, las empresas concederán un permiso retribuido y no recuperable, por toda la jornada del día 14, los trabajadores que acrediten su condición de apoderados y no disfruten de descanso en la mencionada fecha.
Aquellos trabajadores que acrediten su condición de miembros de mesa electoral, interventores o apoderados, y tuvieran que trabajar en el turno de noche en la fecha inmediatamente anterior a la jornada electoral, si así lo solicitan, la empresa deberá cambiarse los el turno a fin de que puedan descansar la noche anterior a las elecciones.
Si el salario a percibir por los trabajadores por permiso retribuido y no recuperable está formado en parte por una prima o incentivo, dicha parte deberá calcularse de acuerdo con la medida percibida por dicho concepto, en los seis meses trabajados inmediatamente anteriores.
Aquellos trabajadores que realicen funciones lejos de su domicilio habitual, o en otras condiciones de las cuales se deriven dificultades para ejercer el derecho a voto el día 14, gozarán igualmente de un permiso retribuido y no recuperable como máximo cuatro horas dentro de la su jornada laboral, para que puedan hacer personalmente la solicitud de certificación necesaria para poder emitir el voto por correo. Dicho permiso podrá disfrutarse desde la fecha de convocatoria de elecciones hasta el próximo 05 de febrero de 2021.
Por último, el personal que presta servicios en la Administración de la Generalitat, a las administraciones locales de Cataluña y sus organismos autónomos, o en la Administración General del Estado, en régimen administrativo, estatutario o laboral, tiene derecho a los permisos retribuidos en circunstancias idénticas a las mencionadas en los apartados anteriores.
Como siempre, quedamos a su disposición para atender cualquier duda o aclaración que necesite.
Sara Bueno Torres
Área laboral
sara.bueno@pich.bnfix.com
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